Sánchez se lanza a exprimir «un año» más de Gobierno tras un balance triunfal

«Un año». En el propio PSOE se asume desde hace semanas que las próximas elecciones generales no tendrán lugar en julio de 2027, al límite de lo legalmente posible, sino en febrero o marzo. La idea empezó a instalarse cuando, en una rueda de prensa en Bruselas, el pasado 18 de junio, Pedro Sánchez abrió por primera vez la puerta a un adelanto electoral técnico como el que le reclama el PNV en caso de no lograr aprobar los Presupuestos Generales de 2027, los primeros de toda la legislatura. Este martes, en un balance del año convertido en realidad en una lectura triunfal de sus ocho años en el Gobierno, el jefe del Ejecutivo evitó, sin embargo, comprometerse a nada e insistió en su objetivo de agotar los cuatro años completos de mandato. «Queda un año para culminar reformas, para seguir avanzando y demostrar que España tiene un camino propio, que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger», dijo en un tono que anuncia una intensa precampaña electoral. La prueba de que el jefe del Ejecutivo pretende seguir resistiendo pese a su dificultad para sacar adelante buena parte de su proyecto legislativo está en que, una y otra vez, se resistió a aclarar si enviará los Presupuestos de 2027 a las Cortes cuando dicta la Constitución, esto es, antes de que acabe septiembre. Lo más que dijo es que su «intención» es presentarlos en 2026 y su «voluntad», añadió, que la legislatura «dure todo lo que constitucionalmente se establece». Sin más concreción. La elusión no es casual. Llevar al Congreso las Cuentas en septiembre comprometería el calendario electoral que el jefe del Ejecutivo tiene en mente porque, a diferencia de lo que ocurre con otras leyes, la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos está muy tasada. Desde su registro en la Cámara baja hasta el debate de totalidad — en el que se decide si se discuten o se tumban— transcurre menos de un mes.

Y aunque este martes no lo dijera abiertamente, lo que todo el mundo espera es que, una vez decaiga el texto, concebido como una suerte de programa electoral encubierto por los socialistas, se llame a las urnas. En Moncloa, en todo caso, insisten en que todo lo que sea llegar a 2027 es agotar la legislatura y en que nada se descarta. Pero a estas alturas, con unos sondeos que apuntan a una victoria contundente del bloque de la derecha, en el Ejecutivo tienen claro que lo que urge es ganar tiempo.

Desde el salón Barceló de la Moncloa, el que utiliza para las grandes ocasiones, y en presencia de los vicepresidentes Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, y de los ministros Félix Bolaños y Elma Saiz, Sánchez hizo durante más de una hora un relato elogioso de su propia gestión, acompañado por gráficos ilustrativos de la buena marcha de la economía, blandió la bandera de la lucha contra el cambio climático en plena oleada de incendios y argumentó que España despierta hoy la «admiración» de «ciudadanos de otros países» que han visto cómo sus propios Gobierno o los de sus vecinos cercanos viraban hacia posiciones de ultraderecha.

No hubo espacio para la autocrítica en un fin de curso en el que el Ejecutivo se ha apuntado algunas victorias parlamentarias —como la aprobación de la reforma del sistema de dependencia o de la prórroga de las medidas por la guerra de Irán— pero también sonoras derrotas, como la de la senda de estabilidad. Un fin de curso en el que ha sido imposible el acuerdo para aprobar un macro real decreto ley sobre vivienda, el gran problema de la legislatura, y en el que el PSOE se ha visto golpeado un día sí y otro también por las decisiones judiciales sobre causas que le salpican.

Como el año pasado, Sánchez se aferró a la negativa del PP a sentarse a negociar un pacto de Estado contra la emergencia climática en plena oleada de incendios para evidenciar los peajes que Alberto Núñez Feijóo tiene que pagar a Vox y reivindicó sus propios pagos al independentismo catalán como pasos a favor de la convivencia.

Incluso ironizó con que uno de los «éxitos» de la ley de amnistía, avalada por el TJUE, ha sido «que vuelvan a encontrarse PP y Junts». «Si hasta Feijóo quiere reunirse con Puigdemont», se burló.