Sánchez salva a Marruecos

Pedro Sánchez rompe su prolongado silencio. El presidente del Gobierno concedió ayer una entrevista en lo que supone su primera reaparición pública después de un mes de ausencia tras la grave crisis de Ceuta desatada el pasado 30 de julio y descartó cualquier complicidad de las autoridades de Marruecos en lo sucedido. En su lugar, atribuyó la avalancha a un «bulo» malintencionado difundido en redes sobre una presunta sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones en frontera a quienes entraran a nado. El líder socialista —que admitió que «el CNI compartió «informes de situación", pero nada que advirtiera de la gravedad de la crisis— secundó el argumentario desplegado ya por sus ministros y denunció que la desinformación fue instrumentalizada por mafias criminales y articulada a través de «redes sociales asociadas a Rusia, Israel y la internacional ultraderechista» para intentar «dividir a España y Europa».

Sánchez salió en defensa de la actuación del país vecino nada más comenzar a hablar, asegurando que no existe informe alguno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni de servicios aliados que sugiera una participación deliberada de las autoridades marroquíes. A su juicio, la coordinación con Rabat fue «instantánea» desde el primer momento, destacando el despliegue operativo marroquí en la zona de Castillejos para frenar la marea humana y calificando la relación bilateral con el reino alauita de «francamente positiva» e indispensable para la estabilidad fronteriza.

Respecto al papel de los servicios de inteligencia y el origen de la crisis, el presidente justificó la falta de previsión admitiendo que «nadie predijo una avalancha de esas características", si bien defendió la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sánchez desmintió que existieran contradicciones entre sus ministerios y aclaró que sí existieron informes previos «de situación", pero nada que advirtiera de la gravedad de esta crisis. No obstante, insistió en enmarcar lo sucedido dentro de las nuevas amenazas híbridas y cibernéticas procedentes de actores no estatales y mafias.

El jefe del Ejecutivo también detalló la radiografía cuantitativa que maneja Moncloa un mes después de la grave crisis en la ciudad autónoma. Según los datos expuestos, el asalto fronterizo movilizó a un total de 70.000 personas, de las cuales «nueve de cada diez ya han retornado voluntariamente a Marruecos». En la actualidad, el número de migrantes atrapados en Ceuta se sitúa en torno a las 5.000 personas, de las que aproximadamente 1.200 son menores no acompañados, siendo el principal «desafío y debate» inmediato su filiación, triaje sanitario y posterior reubicación.

A la hora de valorar las reivindicaciones soberanistas sobre la ciudad autónoma lanzadas por ministros del Ejecutivo marroquí, Sánchez evitó la confrontación directa y reivindicó que «su Gobierno es el que más ha hecho por Ceuta y Melilla en la historia de la democracia». El jefe del Ejecutivo recordó la ejecución del 80% de un plan socioeconómico previo de 300 millones de euros, así como una inversión de 77 millones en materia de seguridad fronteriza desde 2018, reconociendo abiertamente que, debido a la complejidad geográfica de la frontera, resulta imposible garantizar la seguridad «al 100%».

En la recta final de su intervención, el secretario general del PSOE abordó la situación procesal de los miles de migrantes que permanecen en Ceuta. Precisó que, tras la marcha voluntaria de la inmensa mayoría de las 70.000 personas que cruzaron la frontera, la prioridad absoluta es completar la filiación del resto de personas mediante la vía legal. Sánchez descartó el traslado de estas personas a la Península, argumentando que las plazas de acogida en la ciudad autónoma pasarán de las 500 iniciales a 6.000 en cuestión de días, capacidad suficiente para tramitar el triaje, los expedientes de asilo y las eventuales repatriaciones en el propio territorio ceutí.

"Razones económicas» Respecto a las solicitudes de protección internacional, dejó claro que la amplia mayoría de quienes cruzaron a nado lo hicieron por razones económicas y no por causas humanitarias, por lo que anticipó que la mayor parte no obtendrán el estatuto de asilo y serán retornados a Marruecos. Y recordó que, para agilizar este procedimiento en plazos «razonables", el Gobierno ha reforzado la presencia de la Policía Nacional y la Fiscalía, habilitando incluso la realización de entrevistas por videoconferencia y solicitando apoyo técnico a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y a Frontex.

Sánchez también tuvo tiempo para responder a las críticas de la oposición por sus vacaciones estivales tras el estallido de la crisis, reivindicando su derecho al descanso. «He trabajado y he descansado; un presidente del Gobierno no desconecta y está pendiente las 24 horas del día", señaló, reprochando al PP una deslegitimación permanente de su presidencia. A la hora de valorar la respuesta de la Unión Europea ante la emergencia en Ceuta, el presidente admitió de manera explícita que percibe un componente de «castigo» ideológico hacia España por parte del marco comunitario. Sánchez lamentó que no se aplique la misma solidaridad que en crisis como la de Lampedusa, vinculando la falta de apoyo europeo a la singularidad de encabezar un Gobierno de coalición progresista en plena «marea reaccionaria» y a sus posturas firmes e independientes en política exterior frente a la invasión en Ucrania y la situación en Gaza.