Tardón asume la invasión de Ceuta: es un «ataque grave a la integridad territorial"
Tras los informes de Policía, Guardia Civil y Fiscalía, estima que es competente la Audiencia Nacional y abre la puerta a que se investiguen "todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español"
Un migrante que se dedica a vender artículos en puestos ambulantes que se han levantado en la playa de El Trampolín de Ceuta ha asegurado este lunes que puede ganar hasta unos cuatro euros diarios y que en ocasiones vende también ropa cogida de la basura.
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, asume la investigación sobre la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La jueza sostiene que este tribunal es el competente para asumir la causa al tratarse de un «ataque grave contra la integridad territorial de España» y una amenaza directa a la «paz o independencia del Estado», en consonancia con el escrito remitido el viernes por el fiscal jefe, Jesús Alonso.
En su resolución, la jueza encuadra lo sucedido como un episodio de «guerra híbrida» o «zona gris», diseñado para colapsar los sistemas de respuesta españoles y desestabilizar al país. El auto subraya una clara «gestión favorecedora» e implicación activa de agentes marroquíes, observándose una actitud de permisión y de «guiado activo» por parte de policías uniformados que dirigieron a la multitud hacia el mar, ignorando los graves riesgos para la vida humana. Para argumentar la intencionalidad de atentar contra el Estado, la instructora se alinea con las palabras del presidente del Gobierno, quien durante su visita a la ciudad autónoma el día 31 de julio definió los hechos como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España».
La causa asumida formalmente por la Audiencia Nacional contempla cuatro presuntos delitos: contra la paz o independencia del Estado, vulneración de los derechos de los ciudadanos extranjeros en concurso con homicidio imprudente, y organización criminal. A partir de los informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) —que llegó a emitir una alerta de riesgo «extremo» previo al evento-, la resolución distingue una estructura delictiva jerarquizada en cinco niveles que abarcan desde la masa de personas y los dinamizadores en redes sociales, hasta los organizadores sobre el terreno (incluyendo a policías marroquíes uniformados y de paisano), la planificación estratégica y los altos órganos de dirección con capacidad de influencia geopolítica.
En este sentido, la magistrada subraya que se trata de una «conducta delictiva cometida en el extranjero que vulnera el artículo 2 de la Constitución» y que ha impactado severamente en la vida y derechos de los ciudadanos de Ceuta, sobre todo teniendo en cuenta que miles de las personas que llegaron desde Marruecos continúan, más de un mes después de los hechos, durmiendo en las calles y playas de la ciudad. Además, coincidiendo con los expuesto en los informes de la Policía, la jueza considera que «esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual, ni se puede hablar de un acontecimiento por generación espontánea». También sostiene que la finalidad migratoria fue «sólo como cobertura formal», dado que «el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba permanecer en territorio español».
La jueza Tardón no solo declara a la Audiencia Nacional como competente para llevar a cabo la investigación, sino que también ha decretado el secreto parcial de las actuaciones, siguiendo, así, la petición lanzada por el Ministerio Fiscal. Justifica esta medida como una manera de "proteger los intereses generales del Estado". El auto detalla que la presión migratoria fue sostenida en los días previos, impulsada por un llamamiento masivo en redes sociales. De hecho, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) emitió el 29 de julio una alerta de riesgo "extremo" ante la previsión de un intento coordinado de entrada a nado y salto a la valla.
"Esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual, ni se puede hablar de un acontecimiento por generación espontánea". La jueza Tardón reprocha que la invasión de Ceuta fue organizada con un "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables -murieron 142 personas intentando llegar a nado a la ciudad-" que integraban las distintas "oleadas" que penetraron en la ciudad.
Adicionalmente, la magistrada abre la puerta a que se investiguen "todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español" relacionadas con esta irrupción masiva. En concreto, la instructora evaluará la "articulación de adecuados medios de respuesta" desplegados ante la información y las alertas del CENIF, con el objetivo de determinar "la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos" a ambos lados de la frontera.
Injerencia de Marruecos
Respecto al papel de Marruecos, la instructora endurece el relato de la Policía Nacional al considerar evidente que desde "el territorio del Reino de Marruecos" se llevó a cabo "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso". En esta misma línea, incide en que los hechos evidencian una actitud de "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables", a quienes se condujo a lanzarse al mar "sin preparación, provistas de vestimentas inadecuadas" y con "elementos precarios para la flotabilidad".
El auto detalla que las fuerzas del país vecino no solo mostraron una clara "permisividad" al no realizar "ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa", sino que ejecutaron un "guiado activo" sobre el terreno. Según la instructora -siguiendo con la argumentación del CENIF-, los propios policías uniformados fueron realizando "indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera" para orientarlas sobre cómo "superar los obstáculos existentes" y organizar el acceso al agua, en lo que define como una clara instrumentalización de los flujos migratorios en el marco de una "guerra híbrida".
En el plano jurídico, Tardón concluye que los hechos a investigar podrían constituir actos no autorizados que exponen a los ciudadanos a "experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes". Asimismo, sostiene que lo sucedido se enmarca plenamente en los supuestos de riesgo de la Estrategia de Seguridad Nacional, la cual advierte de que Ceuta y Melilla "requieren de una especial atención" para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, al ser plazas susceptibles de ser utilizadas mediante flujos migratorios irregulares "para desestabilizar la Seguridad Nacional".