Adif mantuvo abierto el tramo de Urda pese al riesgo de descarrilamiento

La tragedia de Urda pudo haberse producido tres años antes y exactamente en el mismo sitio. Y con la falta de renovación y el desgaste de la infraestructura también como telón de fondo. Y es que no solo estaba anticuado el sistema de protección LZB que falló en Urda y dio paso al control humano previo a la tragedia. ADIF también sabía, por sus propios documentos y expedientes, que el tramo donde el miércoles se produjo el siniestro que se ha saldado con 69 muertos ya sufría un deterioro crítico por el envejecimiento, con riesgo de accidente.

Aun así, en ningún momento ADIF suspendió la circulación en este tramo, quizás uno de los más maltratados de esta línea de más de 30 años de servicio. Solo se limitó a reducir la velocidad de los trenes.

Es más, los documentos del propio organismo revelan que antes de encarar una solución definitiva que neutralizara el riesgo de accidente, el ente ensayó durante cuatro meses sin éxito varias alternativas baratas a modo de parche antes de finalmente decidirse, esta vez sí, a acometer la sustitución de la infraestructura obsoleta.

El gestor llegó incluso a advertir sin ambages en 2023, justo en vísperas de que Iryo y luego Ouigo desembarcaran disparando el uso y desgaste de esa infraestructura, de que los defectos de las fijaciones del carril podían «derivar en un descarrilamiento». La documentación revela que ADIF había intentado corregir los problemas con reparaciones provisionales (reaprietes fallidos y el ensayo de sustituir una de cada tres traviesas). Pero esos ‘arreglos’ en realidad no sirvieron de nada y la situación siguió deteriorándose. Sorprendentemente no se suspendió tampoco entonces el tráfico, sino que se propuso aumentar la circulación a 160 kilómetros por hora.

El documento clave que destapa toda la operación —y al que ha tenido acceso este periódico— se titula ‘Informe propuesta de emergencia para la sustitución de traviesas por deficiente estado de las sujeciones. Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Base de mantenimiento de Mora’. El dossier, de trece páginas, no se andaba con rodeos: «La sujeción es un componente de seguridad, cuyo fallo generalizado puede ser de máxima gravedad para la explotación ferroviaria». Y añadía: «Se tiende a producir sobreancho en los tramos afectados, que a su vez podría derivar en un descarrilamiento». «Por este motivo, se hace necesaria la renovación de las 76.500 traviesas afectadas», insistían los técnicos. Opciones baratas Para entonces, la administración ferroviaria, lejos de suspender la circulación y cambiar todas las traviesas, había ensayado, al menos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, otras alternativas más baratas mientras centenares de miles de pasajeros seguían transitando por Urda.

La emergencia se aprobó solo tres días antes de que Iryo comenzara sus servicios comerciales con Sevilla, Córdoba y Málaga, el 31 de marzo de 2023. Ouigo se incorporó a las conexiones con Andalucía en enero de 2025. La liberalización añadía nuevos servicios a la oferta de Renfe sobre el mismo corredor que atraviesa Urda. La ampliación de la oferta suponía un uso más intenso de una infraestructura cuya necesidad de renovación ADIF había reconocido previamente. «Debido a la situación anteriormente descrita que representa un grave riesgo para las circulaciones ferroviarias, no es posible esperar a la tramitación de un expediente de contratación urgente», recogía el informe.

Los problemas en el tramo eran de tal gravedad —revela el expediente— que obligaron a imponer una limitación temporal de velocidad en diciembre de 2022. Las inspecciones del personal de la base de mantenimiento de Mora revelaron que menos de la mitad de las sujeciones alcanzaban el apriete exigido para mantener correctamente fijados los carriles. El documento precisaba que «menos del 50% de las sujeciones cumplían con los valores requeridos de par de apriete».

Puente comparece

El ministro de Transportes, Óscar Puente, llevará este martes un informe sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) al Consejo de Ministros, que aprobará un decreto de ayudas para las víctimas, tras lo cual Puente comparecerá por la tarde en el Congreso para dar explicaciones de su gestión en esta tragedia.

El decreto de ayudas que ya tiene listo el Ejecutivo está basado en el que aprobó tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y duplica las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), con lo que la compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros.