La ley para congelar las cuentas de los terroristas lleva ya casi un año olvidada en el Congreso

El proyecto de ley de Prevención y Bloqueo de la financiación del Terrorismo lleva casi un año olvidado en el Congreso de los Diputados. Ningún partido pidió entonces la devolución al Gobierno de esta norma, que forma parte del paquete de medidas anunciadas en el último mes por el Ejecutivo de José María Aznar para acorralar a ETA. Sin embargo, tras la presentación de enmiendas, el Gobierno no retomó el proyecto para su desarrollo. Las medidas antiterroristas fueron las primeras que anunció Aznar dentro de la ambiciosa y amplísima reforma del Código Penal y otras normas en su ofensiva contra el terrorismo y la delincuencia. Es previsible que, por ese mismo motivo, el Gobierno aproveche esta coyuntura para impulsar el proyecto de ley de bloqueo de cuentas de los terroristas en cuanto el Congreso reabra sus puertas, en febrero. El Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley el 1 de marzo de 2002. Lo hizo dentro del paquete de iniciativas derivadas de las medidas internacionales de lucha contra el terrorismo que se inició tras los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. A finales de marzo llegó a las Cortes para iniciar el trámite parlamentario. Ningún grupo parlamentario presentó enmienda de totalidad contra el proyecto, y el plazo de enmiendas parciales fue ampliándose hasta en cinco ocasiones. El 30 de abril del 2000 concluyó la última de estas prórrogas y desde entonces la norma está aparcada y olvidada en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. Hasta tal punto, que ni siquiera se llegó a constituir la ponencia, que debe elabora un informe en un plazo de 15 días. El objetivo de la Ley ideada por el Gobierno es bloquear los movimientos de capitales e impedir la apertura de cuentas cuando el emisor, titular o destinatario de esas transacciones sea una persona vinculada al terrorismo. La norma crea una Comisión de Vigilancia, adscrita al Ministerio del Interior, que será la encargada de congelar las cuentas, hasta un máximo de seis meses, si se prevé que se pueden cometer actos criminales. Entre las enmiendas que se presentaron, destacan las casi 20 de IU, en las que pedía un mayor rigor jurídico en la norma, ya que la redacción actual puede afectar arbitrariamente a personas inocentes. El PNV propuso la intervención de los jueces en el proceso y limita los sujetos que pueden ver afectadas sus cuentas a aquellos que actúen como administradores de una banda terrorista.