Interior cree que los cinco islámicos detenidos financian a Al Qaída

La operación policial, que continúa abierta, se realizó a partir de los indicios obtenidos por franceses y alemanes en la investigación del primer atentado de Al Qaída tras los sucesos del 11 de septiembre del 2001, la explosión de un camión cisterna cargado con gas ante la sinagoga de la isla tunecina de Yerba, en el que murieron 19 personas -14 de ellos turistas alemanes y dos, franceses- y otras 30 resultaron heridas de gravedad. Los datos que barajan los investigadores apuntan a que parte de la financiación para la ejecución del atentado de Yerba fue proporcionada por la red empresarial española. En la docena de registros que la Guardia Civil llevó a cabo entre la tarde y noche del viernes en Logroño y Valencia requisó documentación y material informático, que el sábado se analizaba, en cinco empresas levantinas vinculadas a los detenidos españoles y en el locutorio regentado en La Rioja por el paquistaní, así como en un barco y en diversas viviendas. Las empresas registradas, según fuentes de la investigación, son Hispania de Calcomanías, Onix Hispania Valenciana, Tecdecer, Ceramic Management Technology y Pesca Deportiva Rubén, en la provincia de Valencia; y el locutorio New Lagpal, en la calle Horno de Logroño. El ministro Acebes prefirió no precisar los datos que la Guardia Civil tiene sobre las presuntas actividades de blanqueo de capital del entramado empresarial, ni la procedencia de estos fondos. No obstante, sí que indicó que la función de este entramado de financiación de Al Qaída es la recaudación y envío de fondos a distintas partes del mundo, por sistemas bancarios ordinarios y a través de relaciones comerciales, «para mantener financieramente a parte de la organización terrorista, adquirir material, y facilitar los desplazamientos y ocultamientos de sus miembros». Los cinco detenidos, que son interrogados en dependencias de la Guardia Civil y que en las próximas horas pasarán a disposición de la Audiencia Nacional, son los hermanos María Dolores y Enrique Cerdá Ibáñez, Federico Tarazona Tarazona y Francisco Palop Monje, todos ellos valencianos, y Ahmed Rukhsar, residente en Logroño, según informó el Ministerio del Interior. Ninguno de los arrestados posee antecedentes delictivos y en los registros no se halló arma de fuego o material peligroso alguno. Varios eran investigados desde hace meses por la Guardia Civil por sospechas de blanqueo de capitales. Fuentes de la investigación indicaron que una de las incógnitas que se pretenden despejar en los interrogatorios de los detenidos, a los que se les achaca inicialmente un delito de pertenencia a banda armada, es la razón por la que cuatro españoles aparecen vinculados al terrorismo islámico de Al Qaída. Por el momento no se descarta motivo alguno, incluido el económico. También se pretende determinar cuáles son los países con los que realizan operaciones comerciales.