Acusan a los detenidos en Valencia de financiar el atentado de Yerba

Unos 6.000 euros (un millón de pesetas) fue -según la Guardia Civil- la aportación monetaria de los cinco supuestos activistas islámicos detenidos en Valencia y Logroño para la compra del camión cisterna que el grupo terrorista Ejército Islámico para la Liberación de los Lugares Santos hizo estallar junto a la sinagoga de la isla de Yerba (Túnez) el 14 de abril de 2002, provocando la muerte de 14 turistas alemanes, dos franceses y tres ciudadanos tunecinos. El instituto armado, que ha contado en su investigación con la ayuda de las autoridades judiciales suizas, asegura tener pruebas de que desde las seis empresas de los detenidos (Hispania de Calcomanías, Onix Hispania Valenciana, Tecdecer, Ceramic Management Technology, Pesca Deportiva Rubén y el locutorio New Lagpal) se desvió dinero al país helvético para la adquisición del vehículo-bomba. Un dinero negro, investigado desde finales del año 2000 por la Guardia Civil, que habría llegado a España como falso pago de la venta de productos cerámicos distribuidos en países como Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes, Jordania, Pakistán, y que habría sido reenviado a Suiza para, desde allí, llegar a manos de los radicales islámicos de Túnez. Los funcionarios de la Guardia Civil también investigan algunas «transacciones comerciales» sospechosas con Estados Unidos, que en realidad pudieran haber servido para el blanqueo de fondos, aunque no siempre con el fin de sustentar a grupos terroristas islámicos sino con el beneficio propio como objetivo. Los cinco detenidos -los hermanos María Dolores y Enrique Cerdá Ibáñez, Federico Tarazona Tarazona, Manuel Francisco Palop Monje y Ahmed Rukhsar- pasarán a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el martes o el miércoles. Según fuentes de la investigación, dos de los arrestados podrían quedar en libertad en los próximos días. Comparecencia de Acebes Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, pidió la comparecencia de Ángel Acebes para explicar los pormenores de esta última operación antiterrorista y demostrar que las detenciones de Valencia y Logroño no son un «fiasco», tal y como ocurrió con la captura el pasado enero en Cataluña de seis supuestos «terroristas salafistas» de origen argelino por orden de las autoridades judiciales galas, a los que se les acusó de poseer sustancias para fabricar bombas, que luego resultaron ser detergente. El Ministerio del Interior subrayó la trascendencia y la dificultad de las investigaciones en España y en el resto del mundo sobre los contactos de los grupos islamistas. Acebes, que explicó que la operación policial sigue abierta, señaló que «se trata de un trabajo especialmente complejo, dada su actuación transnacional». «Es una forma nueva de terrorismo a la que es necesario dar nuevas respuestas judiciales y policiales», insistió el ministro, quien desveló que en las investigaciones han participado agentes de Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos y Suiza, habida cuenta la «complejidad» de las pesquisas.