Diario de León

El Estado podría solicitar pronto el sobreseimiento parcial de la querella

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La Abogacía del Estado podría solicitar el sobreseimiento parcial de la querella de Nunca Máis en los próximos días. Fuentes jurídicas explicaron que las declaraciones de Fernández de Mesa y Ángel del Real y, sobre todo, la de López-Sors han focalizado toda la responsabilidad en la toma de decisiones sobre el buque en éste último, de ahí que los letrados tengan argumentos, según esta versión, para pedir la exclusión como imputados del delegado del Gobierno en Galicia y del ex capitán marítimo de A Coruña. En cualquier caso, la decisión final será la del juez Javier Collazo, que deberá determinar el camino que sigue ahora el proceso. Las mismas fuentes señalaron que, una vez que ya se ha tomado declaración a las partes del Estado implicadas en el siniestro, ahora le podría llegar el turno a la otra parte, la del entorno del armador, la firma propietaria de la carga, la clasificadora e incluso la aseguradora. Sobre este punto, van incluso más allá y precisan que es muy probable que vuelva a declarar el capitán del Prestige, Apostolus Mangouras, actualmente en Barcelona bajo una estricta vigilancia policial. El objetivo de esta nueva comparecencia sería la de aclarar algunas incógnitas que quedaron en el aire tras el testimonio, la semana pasada, del director general de la Marina Mercante. Una de estas cuestiones sería la de si el petrolero comenzó a verter fuel en el momento del accidente a causa de una grieta en los tanques, uno de los motivos de alejar la nave. El Gobierno sostiene que sí, mientras que ABS, la clasificadora del buque, lo niega. Comisiones rogatorias Respecto a las otras partes implicadas, otras fuentes próximas al proceso explicaron ayer que ni la empresa que se hizo cargo del rescate del Prestige (Smit), ni la firma propietaria del barco (Mare Shipping), ni la operadora (Universe Maritime) han remitido al juzgado de Corcubión la documentación que les ha sido solicitada. Sobre este punto, subrayaron que el magistrado podría verse obligado a solicitar comisiones rogatorias en los países origen de estas firmas (Holanda, Liberia y Grecia) para hacerse con la información.

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