El Supremo reclama la ayuda de Garzón para embargar el patrimonio de los radicales

El Tribunal Supremo recabó ayer viernes la colaboración del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para embargar y liquidar el patrimonio de Batasuna en cumplimiento de la sentencia del 27 de marzo pasado, que ilegalizó la formación política. El juzgado de Garzón ya ordenó en agosto del 2002 la localización y embargo de todos los bienes de este partido, unas 109 cuentas bancarias y 80 locales, trabajo previo que podría agilizar de forma notable la liquidación de propiedades ordenada por el Supremo. Le pide la relación de bienes y derechos embargados. El exhorto que recaba la ayuda del juez de la Audiencia Nacional es la última de las disposiciones del auto que el Supremo notificó ayer a los gobiernos vasco y navarro, para su traslado al resto de instituciones políticas de ambas comunidades, por el que ejecuta la sentencia de ilegalización y ordena a los parlamentos autonómicos, juntas generales, diputaciones y ayuntamientos la disolución de los grupos «que figuren bajo la denominación de Batasuna», y el paso de sus miembros al grupo mixto. También se ordena el embargo de todos los bienes y propiedades de Batasuna y se dictan las normas para designar a tres inspectores de Hacienda, que serán los encargados de liquidar el patrimonio e ingresar lo obtenido en el Tesoro Público, para su posterior destino en favor de las víctimas del terrorismo. Además se ordena cancelar las inscripciones de Batasuna, EH y HB en el registro de partidos y se pide al Ministerio de Ciencia y Tecnología que cierre el dominio de Internet de estos partidos.