La «solvencia económica» familiar limitará la agrupación de inmigrantes

El objetivo primordial que se marca el Ejecutivo popular es terminar con las reunificaciones en cascada «ilimitadas e incontroladas», sobre las que se mantenía una cierta flexibilidad, por lo que la situación económica de la unidad familiar, es decir, los ingresos del reagrupante, serán decisivos para permitir que pueda entrar en el país su familia. En cuanto a la «simplificación y mejora» de la gestión de la extranjería gracias al nuevo visado que tendrá validez como autorización para trabajar, el Gobierno prevé que será un gran avance para los inmigrantes regulares, pues se "evitará la doble tramitación policial y laboral" de los permisos. Habrá así tres tipos de visado: residencia, trabajo y estudios. Ayuntamientos La reforma, que incluye la trasposición de cuatro directivas de la UE, también prevé mejorar la vigilancia sobre los ayuntamientos a la hora de empadronar a los inmigrantes. Fijará la obligación de los municipios de reclamar el pasaporte o el DNI de extranjeros para dar de alta a los extracomunitarios y la posibilidad de que las bases de datos de los padrones se crucen con las de la policía. El anteproyecto de la que será cuarta reforma del texto desde la llegada al poder del PP comenzó su andadura con un inmediato horizonte temporal: tratar de blindar a finales del 2003 las fronteras aéreas a las decenas de miles de extracomunitarios que cada año entran de manera legal a través de los aeropuertos (con visado de turista de tres meses) y que nunca regresan, engrosando así las bolsas de clandestinos. El Gobierno ya se ha apresurado a pedir a las operadoras «colaboración» en una batalla que, defiende, es un objetivo de «interés general para España». El texto que el pasado viernes recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para su remisión al Consejo de Estado establece nuevas obligaciones y sanciones para los transportistas de tierra, mar y aire, aunque fundamentalmente está dirigido a las aerolíneas.