El PP sabe lo que se hace

La reestructuración del sector azucarero es, en sí mismo, uno de los contrasentidos más grandes de la política industrial en Castilla y León del Partido Popular. Desde 1998, año en el que cerró la azucarera de Veguellina -y la de Venta de Baños en Palencia-, la empresa Ebro decía cada año que las necesidades de cierre de factorías eran mayores que las que indicaba el Gobierno autonómico y en el año 2000 volvió a sorprender con el cierre de Salamanca a cuenta de prometer una planta de bioetanol -que intentó disputar, sin posibilidades, Veguellina de Órbigo- que sustituyera a la azucarera charra. Fue ya en el 2002, justo antes de las elecciones municipales, cuando se comenzó a hablar del cierre de Benavente y Monzón; por supuesto el PP de Castilla y León salió en defensa de las fábricas de las dos regiones de la comunidad, con el apoyo del ministro Folgado y el entonces consejero de Fomento -y anterior de Industria- de la Junta de Castilla y León, José Luis González Vallvé. El año pasado todo eran rumores y, como no, el PP castellano decía que defendería «a muerte» sus factorías. Esa fuerte actitud dio que pensar a los leoneses y comenzó a posarse una negra sombra sobre La Bañeza. Si dos zamoranos fuertes como Folgado y Vallvé defendían Benavente, el cierre anunciado caería para La Bañeza. Pero al final no fue así, aunque algunos indican que de momento. En verano, justo cuando la gente está de vacaciones, Azucarera Ebro confirma el cierre anunciado el año anterior -pero que no venía bien porque llegaban las elecciones municipales y autonómicas- dejando en un supuesto fuera de juego a la Junta de Castilla y León, que salta defendiendo «ante todo», otra vez más, a los agricultores y trabajadores». El caso es que nadie duda de que la propuesta de Ebro va a llevarse a cabo pese a las protestas de agricultores y vecinos y la oposición de la Junta. Se hizo con Veguellina, Venta de Baños y Salamanca sin que a la compañía azucarera se le cayeran los anillos porque prima el ahorro de costes ante todo. Eso sí, Salamanca, Benavente y Monzón tendrán compensaciones rápidas. Veguellina aún espera. El truco «popular» La historia se repite: Ebro anuncia cierres, la Junta de Castilla y León dice que no al principio y al final se firman acuerdos que no afecten al empleo de los trabajadores de Ebro, sin contar con nadie más. Así van cinco inexorables cierres en seis años. El caso es que Azucarera Ebro es una empresa controlada por altos directivos que pertenecen al PP nacional -incluidos consejeros castellanos-. Es difícil pensar que no hay entendimiento entre ellos y los políticos populares de la comunidad autónoma. Una de dos, o planifican bien la táctica, o algunos no se enteran. Sea una cosa u otra, estos cierres por capítulos deberían derivar en responsabilidades políticas. Eso sí, del reparto del cupo de remolacha que queda libre depende que no sea La Bañeza la que caiga en el siguiente envite, cuando Ebro quiera ganar más dinero a cuenta de los agricultores y los ciudadanos que viven cerca de las fábricas.