Garantizarles servicios básicos, como agua o alumbrado, consume un tercio de las inversiones anuales de la Diputación
Uno de cada tres pueblos de la provincia tiene ya menos de cincuenta habitantes

Un total de 484 pueblos de la provincia han visto menguada su población durante la última década a menos de cincuenta habitantes, otros 323 tienen un censo inferior al centenar y 229 más no alcanzan la raya de los doscientos vecinos, lo que complica la prestación de servicios básicos desde la Diputación y sus propias cabeceras municipales, como agua, luz, accesos o telefonía fija, especialmente en las áreas rurales de montaña. La atomización de los núcleos poblacionales, unida a las tasas de envejecimiento, hace que atender sus necesidades más básicas como agua, alcantarillado o alumbrado público acaparen las cuatro quintas partes del presupuesto de la Diputación para inversiones en infraestructuras, que suman cada año el equivalente a mil millones de las antiguas pesetas, a las que hay que añadir cuatro veces más en aportaciones de la Junta, la Administración Central, la UE y, en último término, constribuciones especiales de los propios vecinos, que no siempre están en condiciones de pagarlas. Según los dos últimos diputados de Cooperación de la Corporación Provincial, Cipriano Elías Mártinez y Francisco Castañón, alcaldes, a su vez, de Riello y La Pola de Gordón, respectivamente, las demandas de los pueblos con más escasa población obligan a realizar un auténtico «encaje de bolillos» en unos presupuestos provinciales ya de por sí escasos: se calcula que las localidades de menos de cincuenta habitantes consumen un 30% de la inversión anual, los de menos de cien otro tanto y los que tampoco llegan a doscientos vecinos, un 20% más. Al final, a los localidades más pujantes les queda un último resto de otro 20%, apenas la quinta parte del presupuesto anual de inversiones de la Diputación. Según las mismas fuentes, los diversos programas provinciales del área de atención a municipios suelen dar cabida a la mitad de las demandas que presentan ayuntamientos y juntas vecinales, quedando el resto para ejercicios sucesivos. En general se trata de renovaciones de servicios básicos, como agua, alcantarillado, alfaltado de calles, etcétera, que ya se prestaban desde décadas atrás, aunque en precario. Según Cipriano Elías Martínez, en su propio municipio de Riello, con 40 pueblos y 950 habitantes en total, a una media de 23 vecinos por localidad, algunas obras han resultado especialmente costosas en las estadísticas de inversión por paisano: «en Castro de la Lomba, por ejemplo, se invirtieron tres millones de pesetas en un pozo para captación de aguas, aunque sólo hubiera entonces dos personas que viviendo permanentemente en el pueblo, y en el propio Riello gastamos también hace poco sesenta millones en pavimentación de calles para sus doscientos vecinos, que sólo pagaron siete millones por contribuciones especiales». En mejor situación se encuentra La Pola de Gordón, cuyo diputado y alcalde, Francisco Castañón, debe administrar 17 localidades que suman menos de cinco mil habitantes: en una de ellas, Paradilla, con once vecinos, sólo asfaltar las calles costó el año pasado seis millones. «Es difícil negarle a un pueblo pequeño los servicios que tenga el vecino, sólo porque la población sea mayor» CIPRIANO ELÍAS MARTÍNEZ, alcalde de Riello y diputado provincial