Diario de León
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Manuel Marlascaredacción
León

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Defendí en su momento la necesidad de la implantación del Jurado en España, lo que tengo acreditado por un diploma que me entregó la Asociación Pro-Jurado, presidida entonces por el abogado Gustavo López Muñoz. Sigo defendiendo el jurado puro, pero también la necesidad de una infraestructura que consolide esta institución y no la mantenga en el centro del huracán anti-jurado, que sopla mucho más fuerte cuando ocurren casos como el de Mikel Otegui (el etarra absuelto de asesinato por un jurado popular presa del pánico o de las amenazas o de ambas cosas a la vez) y el de Dolores Vázquez si se confirma que nada tuvo que ver con el asesinato de Rocio Wanninkhof, confesado ahora por el malvado Alexander King. Pero el Partido Popular ha anunciado ya la reforma de la Ley del Jurado, prevista -es cierto- en el Pacto por la Justicia aunque sin explicar los términos en que sería modificada; y lo hace empujado por el viento favorable del más que posible error de la condena a Dolores Vázquez, sólo atenuado -no se olvide- por un sistema jurídico tan garantista como el nuestro que permitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anular el juicio en el que un jurado pronunció el veredicto de culpabilidad. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados... (artículo 117 de la Constitución), pero los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado... (artículo 125). Corresponde al legislador promulgar la Ley del Jurado y así lo hizo en 1995; pero la Administración de Justicia debe dotar a la institución de infraestructura y medios acordes con la eficacia y el acierto que se le exige al Jurado y que no pueden limitarse a una elección aleatoria a través del censo y a unas preguntas del Magistrado que preside el Tribunal. Esto es lo que puede convertir al Jurado en otra víctima de los asesinatos de Rocío y Sonia y de los errores cometidos en la investigación de los mismos, de los que escribiré otro día. Y si fuera así sería tanto como aceptar lo que algunos suelen decir, no sin cierta maldad y alguna dosis de cinismo, para descalificar la institución: «Si soy culpable, que me juzgue un jurado; pero si soy inocente, que me juzgue un Magistrado-Juez».

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