El presidente del Cabildo de Lanzarote recibe la orden de ingresar en prisión

Un funcionario judicial de la Audiencia Provincial de Las Palmas entregó ayer al presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Dimas Martín, un requerimiento que le concede cinco días - plazo que vence el próximo sábado- para que ingrese de manera voluntaria en el centro penitenciario de Tahíche, donde tendrá que cumplir una condena de tres años de privación de libertad por un delito de cohecho. Martín esperaba un indulto del Gobierno central desde antes de las elecciones de mayo, razón por la que pudo presentarse a los comicios y ganar las elecciones a la corporación insular por mayoría absoluta. Desde entonces, y hasta el pasado 20 de diciembre, estuvo esperando la gracia del Gobierno, pero la medida no llegó, por lo que la sentencia firme permitía esperar su ingreso en prisión en breves fechas. Ya el pasado viernes un agente judicial se personó en el cabildo para hacerle entrega de la orden de ingreso en prisión, pero un viaje de Martín a Madrid impidió la notificación. Pese a que la condena que se le impuso incluye su inhabilitación, Dimas Martín ha declarado en varias ocasiones que no piensa dimitir y que va dirigir el Cabildo de Lanzarote desde la cárcel. En estas instituciones gobierna el cabeza de lista más votado, que es el caso de Martín, e incluso para que se pudieran aplicar las mociones de censura se tuvo que modificar la normativa vigente. En este sentido, el Grupo Socialista ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central para que aclare la situación y el proceso a aplicar en la Corporación una vez que Martín ingrese en prisión. Pleno suspendido A última hora, un decreto firmado por el propio Martín suspende el pleno previsto para ayer porque, según el documento, «no se dan las circunstancias de sosiego, tranquilidad y seguridad para que dicha sesión se celebre con normalidad», aunque esta matización se debe más al conflicto que mantienen los trabajadores de turismo, centros de arte y de cultura que hasta ahora pertenecían a la Corporación y ahora van a ser trasladados a entes privados, creados por la propia presidencia de Martín para privatizar la gestión de los mismos. Dice en su decreto Martín que no se puede celebrar ningún tipo de debate «dado que esta corporación no dispone de medios para mantener el orden y no se ha recibido la colaboración y apoyo solicitado». El secretario del cabildo insular declaró, por su parte, que la corporación no ha recibido notificación oficial del tribunal sobre la condena impuesta al presidente de la corporación.