La Ley contra la Violencia de Género llegará al Congreso antes del 30 de junio

El embrión de la primera Ley integral contra la Violencia de Género echó ayer a andar con un primer debate en el Consejo de Ministros y se sustanciará en proyecto legislativo antes del 30 de junio. La futura norma pondrá el acento en el aspecto preventivo e incluirá como materia curricular en la enseñanza de los jóvenes la «formación en igualdad de sexos», según adelantó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. «Es un combate que nos llevará tiempo», advirtió Jesús Caldera. El maltrato y la violencia machista representan una lacra social y moral bien enraizada en el sustrato cultural español. Las cifras, incompletas y parciales como son, permiten atisbar la magnitud del fenómeno. En los últimos ocho años -dijo Caldera- han muerto a manos de sus parejas o ex al menos 600 mujeres; de ellas, entre 70 y 100 sólo el año pasado, en el que se registraron 42.000 denuncias por violencia doméstica. La ley integral, que tanto reclamaron sin éxito a los Ejecutivos del PP las organizaciones feministas y la oposición política, representa un primer peldaño para convertir la violencia contra las mujeres en un asunto de Estado y cumple una vieja promesa preelectoral de Zapatero. «La primera ley que enviaremos al Parlamento si hay un Gobierno socialista después de las próximas elecciones generales será la ley contra la violencia de género», anunció el hoy presidente en noviembre del 2002. Ya dos años antes, tras ser elegido secretario general del PSOE, había situado el problema como el segundo más grave que afronta la sociedad española, sólo por detrás del terrorismo. Ley compleja El primer Consejo de Ministros ordinario hizo poco más que dar el pistoletazo de salida al proyecto. Se estudió y aprobó un primer informe presentado por Caldera que ahora seguirá «engordando» con las aportaciones de varios Ministerios Justicia, Economía, Interior y Educación, entre otros. El proceso será complejo. La futura ley integral exigirá retoques en 15 leyes -varias orgánicas- y normas de rango similar, afecta a competencias transferidas a las comunidades autónomas y al ámbito de actuación de muchos ayuntamientos. El Gobierno se comprometió a buscar el «máximo consenso» entre las distintas administraciones, instituciones, grupos parlamentarios y organizaciones de mujeres especializadas en la atención y recuperación de las víctimas. Sin poder precisar más, Caldera aseguró que el proyecto de ley resultante llegará al Congreso antes de que acabe el actual período de sesiones, el 30 de junio, para su debate después del verano. Tendrá memoria económica con dotación específica y hará hincapié en el aspecto preventivo. La educación será la clave. Se buscará el cambio paulatino de los viejos patrones socioculturales, del machismo patriarcal que aún persiste y, como novedad, generalizará la «formación en igualdad entre sexos» como asignatura del currículo en la Educación Secundaria. En el capítulo social, incluirá medidas de apoyo a los programas sociales de asistencia y recuperación integral de las víctimas; ayudas ligadas a la formación de las mujeres agredidas para escapar de la dependencia económica de sus verdugos; prioridades de acceso a viviendas de protección oficial, y bonificaciones adicionales a las empresas que las contraten. Como tercer pilar, se endurecerá la respuesta policial y jurídica contra los agresores.