Hijos no deseados de la Junta

A. padece esquizofrenia paranoide de larga evolución, pero «la ausencia de una valoración desde el sistema sociosanitario de su situación actual, ha motivado que dicho enfermo se encuentre fuera de todo circuito de atención, provocando un curso y pronóstico de deterioro importante». No se trata de un ciudadano cualquiera; es una persona que, por sentencia judicial, está bajo la protección legal de la Gerencia de Servicios Sociales. Por su parte, M., diagnosticado de esquizofrenia y retraso mental moderado, está bien atendido «desde el punto de vista sanitario», pero sufre «importantes carencias en las condiciones de habitabilidad de la vivienda y condiciones de vida». Es otro tutelado de la Junta. La lista prosigue hasta un total de 18 casos que fueron denunciados por la Fundación Tulerar de Enfermos Mentales. Las quejas por la falta de atención de la Junta hacia sus tutelados ha motivado que el Procurador del Común de Castilla y León, Manuel García Álvarez, recuerde a la administración que «debe desplegar una ingente actividad para el correcto desempeño de sus funciones» como tutora. La Gerencia de Servicios Sociales, sobre la que recaen la mayor parte de las tutelas que no asumen las familias o la fundación privada, se ha visto sorprendida por esta nueva función «cuasifamiliar». La Ley 41/2003 de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y la modificación del Código Civil, convierte al gerente en el tutor de los incapacitados por ministerio de la ley para que «no queden privados de la necesaria asistencia material o moral». Son los casos más graves, difíciles y con menos recursos económicos y sociofamiliares. Una función que «no agrada» «El ejercicio de tales funciones no parece agradar en algunos casos a la administración autonómica», precisa el informe del Común dirigido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Principalmente en los que presentan «especiales dificultades para el correcto desempeño de la atención individualizada, que precisan no pocos tutelados que carecen de recursos suficientes para paliar sus necesidades asistenciales». La Junta no sólo ha recurrido las tutelas por vía judicial, sino que ha sugerido que entidades privadas de tutela se hagan cargo de estas personas. Pero el Procurador ha contestado que «una administración ha de asumir tales cargas, anejas a su función, y más todavía cuando son traducibles en servicios solidarios en relación con los más marginados de la sociedad». En la práctica, en Castilla y León, son las entidades privadas las que se ocupan de las tutelas ante la «nula iniciativa» de la administración. La Fundación Tutelar de Enfermos Mentales de Castilla y León, la Fundación Tutelar Castellano-Leonesa de Deficientes Mentales y la Fundación Castellano-Leonesa para la tutela de las personas mayores han nacido con el fin de atender a las personas en situación de desamparo u orfandad dentro de estos colectivos. Pero hay casos en los que estas entidades renuncian y son excusadas por los jueces ante la falta de recursos para procurar una buena atención a los tutelados. La Junta aduce que apoya el funcionamiento de las fundaciones a través de subvenciones. Queja a Sanidad Pero si los enfermos mentales tutelados por la Junta tienen dificultades para acceder a dispositivos sanitarios y sociales, no lo tienen más fácil otros pacientes. La Fundación Tutelar de Feclem, que tiene asignadas 90 tutelas y 210 expedientes, ha planteado a la Consejería de Sanidad las «dificultades de acceso de sus protegidos a centros de rehabilitación. El caso de David, un joven leonés que ahora reside en una residencia privada, es uno entre al menos una decena. «Los informes del equipo de salud mental recomiendan que ingrese en un centro de tratamiento clínico y sanitario, pero la comisión sociosanitaria decidió enviarle a un centro social», explica el director de la fundación. El joven de 24 años ingresó en un centro ocupacional de Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos. No había plazas en otro más cercano dentro la comunidad autónoma. Pero sólo permaneció allí del 9 al 20 de diciembre. Tras las vacaciones de Navidad, no fue admitido. David sufre un trastorno orgánico de la personalidad tras haber superado, a los 12 años, un tumor cerebral. Su situación no está resuelta; el expediente está de nuevo en la comisión sociosanitaria «pendiente de otras soluciones posibles a aplicar». La fundación, entretanto, encotnró una plaza en la residencia de Cuadros que cuenta con una unidad para enfermos mentales. Los ahorros del chico costean también el sueldo de un monitor que le dedica las tardes. «La iniciativa privada tapa las carencias de la Junta, pero no todos los enfermos mentales disponen de recursos y pensiones para costearse estos dispositivos», precisa Ignacio García Vidal. Feclem denuncia que la falta de apoyos sociales, la negativa de los pacientes (a pesar de estar incapacitados judicialmente o el abandono durante tres o cuatro días es causa de exclusión de las unidades de rehabilitación. En este sentido, exige un programa de rehabilitación más allá del tratamiento ambulatorio. «Una administración debe asumir estas cargas y traducirlas en servicios solidarios para los más marginados» PROCURADOR DEL COMÚN «Por razones históricas y estructurales la unidad de rehabilitación se ubica en Santa Isabel, pero debería estar fuera. El objetivo es que recuperen la autonomía» ENRIQUE ORTEGA, jefe de psiquiatría del Hospital de León