El PP rechaza que las autonomías estén en la delegación ante la UE

El PP no cambiará de posición aunque estén próximas las elecciones europeas y seguirá rechazando la participación de las Comunidades Autónomas en la delegación española ante la UE. La estrategia de los dirigentes y presidentes autonómicos del primer partido de la oposición pasa por participar en el diálogo sobre la reforma, no sin reprochar a los socialistas su cambio de posición en este punto, pero siempre con la negativa a aceptar que un responsable autonómico pueda representar al Estado en los Consejos de Ministros de la Unión si no se cumplen las exigencias de control político y transparencia actuales. En primer lugar, el PP considera que cualquier cambio que el Gobierno proponga para permitir que las Autonomías integren la delegación española debe cumplir los requisitos del modelo actual, basado en la participación de los distintos gobiernos autonómicos en la voluntad del Estado a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea y el protagonismo exclusivo del Gobierno de la Nación en las negociaciones de los Consejos comunitarios. El documento de principios que fue asumido por los presidentes autonómicos y responsables territoriales del partido, en la reunión que presidió Mariano Rajoy el pasado lunes en Madrid, señala que, en todo caso, deben establecerse «reglas claras y mecanismos de control transparentes», como entiende que son los del sistema vigente. Lo malo es que el primer partido de la oposición considera que es prácticamente imposible encontrar una fórmula que se adapte a tales exigencias y garantice el control parlamentario de quienes representen a España ante la UE. En la actualidad, la responsabilidad de la representación exterior del Estado le corresponde al Gobierno central que, a su vez, responde ante el Congreso y el Senado. Sin embargo, los dirigentes autonómicos, en principio, quedarían fuera de ese control político porque los Ejecutivos de las distintas Autonomías deben rendir cuentas ante sus respectivas Asambleas. «No debemos aceptar ningún modelo alternativo que limite la capacidad de control de las Cortes o diluya la responsabilidad del Gobierno ante las distintas negociaciones que se avecinan», advierte el documento básico.