El Gobierno endurece las penas contra el tráfico de explosivos
La facilidad con la que los autores del 11 de marzo consiguieron más de doscientos kilos de goma dos para acabar con 192 vidas ha persuadido al Gobierno de que es necesario aumentar la vigilancia sobre los explosivos y endurecer la legislación contra los individuos que trafiquen con ellos. El Ministerio del Interior quiere delimitar con mayor precisión quiénes son los responsables de su almacenamiento, vigilancia y consumo y, en el caso que hagan un uso ilícito del material, castigarles con penas de prisión más duras que las vigentes. En los últimos meses, tras descubrir que el ex minero José Emilio Suárez pudo ayudar a los islamistas que planearon la masacre a obtener la dinamita utilizada en los atentados de Madrid, el Gobierno ha constatado que la normativa administrativa sobre el control de explosivos tiene importantes lagunas y que la legislación penal ni castiga ni incrimina a las personas encargadas de la custodia de ese material peligroso. Por ello, José Antonio Alonso, titular de Interior, presentó ayer ante el Consejo de Ministros un paquete de medidas legislativas a las que el Ejecutivo dio luz verde para, a partir de ahora, imposibilitar que los terroristas adquieran dinamita con tanta facilidad en España. El ministro propone modificar el Código Penal de tal forma que los vigilantes que incumplan su deber y entreguen los explosivos a otras personas, los roben o permitan que otros lo hagan, paguen con la cárcel su conducta. Las penas previstas serán de dos a cuatro años de prisión además de las correspondientes multas y la inhabilitación para ejercer el empleo, cargo público o profesión de seis a doce años para quienes pongan en peligro la vida de las personas en la fabricación, manipulación o comercialización de la dinamita. Reforma de los reglamentos Interior también pretende reformar el Reglamento de Explosivos y el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera para delimitar con mayor precisión las obligaciones y deberes del círculo de personas que acceden a la dinamita desde que ésta se adquiere hasta su consumo final y para concretar las funciones del director facultativo, el artillero y los vigilantes. Por último, el Gobierno prevé acabar con la falta de control sobre el almacenamiento, depósito y consumo de los explosivos que hay en las empresas privadas en España.