El Gobierno comienza a descentralizar por primera vez instituciones estatales

El presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, arrancó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, numerosas concesiones del Estado en favor de la comunidad autónoma catalana, durante la reunión que mantuvieron ayer ambos en el Palacio de la Moncloa. Tras el encuentro, el dirigente de la Generalitat aseguró que había «existido buena sintonía de fondo» para superar las relaciones basadas tradicionalmente en el «regateo», aunque también reconoció que hubo discrepancias en algunos temas, como la limitación a cuatro puntos de la reforma de la Constitución. Durante el encuentro, que se prolongó durante dos horas, los dirigentes socialistas trataron sobre numerosos asuntos, aunque principalmente del proceso de reforma del Estado, de la financiación autonómica, de la lengua catalana y de la presencia de las comunidades en empresas estatales e instituciones internacionales. Entre los compromisos concretos que sacó el president se encuentra el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), en lo que se supone que es el primer paso para descentralizar algunos de los organismos del Estado. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que también estuvo presente en el encuentro, aseguró: «No va a ser la única ni la última, sino que va a ser la primera de un conjunto de iniciativas para ir situando instituciones del Estado en sitios que no tiene por qué ser la capital». Una de las repercusiones que puede tener esta medida es, como han reconocido las autoridades catalanas, que algunas empresas del sector trasladen sus sedes sociales a la Ciudad Condal. Viajes al extranjero Otro de los compromisos que arrancó Maragall a Zapatero es que los presidentes autonómicos acompañen al del Gobierno en sus viajes oficiales al extranjero, a países en los que las comunidades tengan también intereses. Así, el dirigente de la Generalitat inaugurará esta iniciativa y viajará con el jefe del Ejecutivo español en otoño a las localidades francesas de Montpellier y Toulosse. El trato especial del Ejecutivo central hacia Cataluña también se verá reflejado en una mayor presencia en los consejos de Administración de la empresas públicas Aena y Renfe, así como en el Tribunal de Defensa de la Competencia y otros organismos reguladores. Asimismo, Maragall anunció la posibilidad de que dos días a la semana un representante de la Generalitat acuda a la Moncloa para participar en reuniones vinculadas a esa comunidad. En esta misma línea, los dos políticos socialistas acordaron avanzar hacía una política lingüística que reconozca la pluralidad y hacia un estatus que extienda la cooficialidad del catalán, euskera y gallego al resto del Estado. «No tendría ningún sentido que ganemos terreno, como lo estamos haciendo, para el catalán como idioma oficial de Europa y que eso no ocurra en España», aseguró Maragall. Y añadió que estos tres idiomas tendrán que ser reconocidos en otros terrenos que no son «exclusivamente en el debate político». En lo que parece que no hubo acuerdo fue en lo referente al cambio constitucional, pues Zapatero se limitó a los cuatro aspectos puntuales conocidos (sucesión monárquica, Senado, nombres de las comunidades autónomas y Constitución Europea), mientras que Maragall amplió estas propuestas. Es más, el principal malentendido se produjo cuando el presidente catalán afirmó que Zapatero no veía mal la inclusión del término nacionalidades históricas en la Constitución, precisión que Jordi Sevilla calificó como «error de intepretación».