Prisiones diseña un plan de choque para evitar la creación de células integristas

La directora general de Instituciones Penitencias, Mercedes Gallizo, ha ordenado aislar y dispersar a los 18 presuntos miembros de la célula integrista que quería volar la Audiencia Nacional. Esta es la primera medida del plan de choque puesto en marcha por el departamento ayer para neutralizar la creación de comandos islamistas dentro de las cárceles e impedir la captación de posibles activistas radicales en los centros, tal y como ocurrió en la prisión de Topas en el 2002, donde se gestó el grupo desmantelado la pasada semana. El Ministerio del Interior, que ha dispersado a los islamistas a los que encarceló el juez Baltasar Garzón en módulos diferentes de cuatro prisiones distintas (Madrid II, IV, V y VI), ha decidido aplicarles el artículo 75 del Reglamento Penitenciario, que faculta a Prisiones para establecer «limitaciones regimentales y medidas de protección personal» a los internos. Según Instituciones Penitenciarias, la aplicación de esta legislación supondrá que estos supuestos terroristas quedarán «en situación de aislamiento», incluida la restricción de movimientos, especialmente las salidas al patio con otros reclusos. Además, y sobre todo, la dirección penitenciaria ha prohibido el «contacto» de los arrestados con los demás presos para evitar que puedan captar adeptos en los centros a los que han sido trasladados. Prisiones también intervendrá de manera habitual -y siempre con supervisión judicial- las comunicaciones de los 18 encarcelados con el exterior y con otras prisiones (cartas, llamadas y 'vis a vis'). El objetivo es impedir que los detenidos puedan contactar sin ser detectados con los siete terroristas que todavía permanecen huidos o que puedan tratar de recomponer desde la cárcel la célula ahora desmantelada. Cambio de cárcel Pero el asilamiento y la dispersión de los detenidos en la última redada es sólo el vértice del plan de choque de Prisiones. Gallizo dispuso ayer también el inmediato traslado de centro de los 17 presos acusados de haber participado o colaborado en los atentados del 11-M. La máxima responsable de Instituciones Penitenciarias ha encargado asimismo a la Subdirección General de Inspección Penitenciaria un «informe minucioso» en el que se recojan todos los incidentes protagonizados «por internos musulmanes radicales» en los 66 centros dependientes del Ministerio del Interior. Según Prisiones, el objetivo de este estudio, que debe analizar todos los altercados acaecidos los últimos años, es «tener una perspectiva histórica de la evolución» de estos sucesos. Dentro de este plan, la dirección de la institución ha comenzado una «ronda de entrevistas» con los directores de los centros en los que hay una mayor presencia de reclusos extranjeros para «recabar una información directa y permanente sobre la situación» de estos establecimientos. Las instrucciones de Gallizo a los directores han sido taxativas: máximo «control y observación» para detectar cualquier «liderazgo» dentro de los colectivos musulmanes integristas a fin de dispersar a las personas que puedan dirigir o coaccionar a sus correligionarios. Mercedes Gallizo, además, presidirá un recién nacido «grupo de coordinación» para el seguimiento de los integristas encarcelados, en el que se integrarán funcionarios y responsables de la Inspección Penitenciaria, de la Subdirección General de Seguridad y de la Subdirección General de Gestión. Este grupo, en última instancia, tendrá la competencia de proponer la «reubicación» de los internos integristas conflictivos.