Con rasgos del XIX

Dos conflictos políticos -el lingüístico entre Cataluña y Valencia y el de la sucesión de Fraga- han ilustrado en las últimas dos semanas una España que está en el siglo XXI pero con episodios del siglo XIX. No son cuestiones menores, en absoluto: son conflictos entre territorios -Valencia frente a Cataluña y la Galicia interior frente a la atlántica- con personajes invitados del máximo nivel, el presidente del Gobierno en el primero y el líder de la oposición en el segundo. Si a esos dos conflictos añadimos el irresoluto problema vasco, que el desaparecido Mario Onaindía definió entre interrogantes en un artículo como ¿La cuarta carlistada?, el panorama no es alentador. Después de haber normalizado el país políticamente -aún con el azote terrorista presente- en el último cuarto del siglo XX, se advierten signos de crisis que deberían alarmarnos, al menos para exigir a los responsables políticos una actuación más responsable y menos provinciana. El vodevil lingüístico no ha quedado en casa sino que se ha llevado a Europa, como una pequeña exportación del ridículo nacional, acaso con la esperanza de que el buen sentido lo ponga alguien de fuera ya que ni Maragall, ni Camps, ni Moratinos han sido capaces de ello. Zapatero se ha limitado a lavarse las manos aunque quizás aprecie algún escozor en su piel. En el fondo es un conflicto artificial, de raíz política, porque cualquier persona ilustrada, y desde luego cualquier filólogo honesto, sabe que el catalán de Cataluña y el valenciano, como el balear, son la misma lengua a todos los efectos aunque con variedades y modismos perfec-tamente estudiados. Si los científicos así lo han demostrado e incluso el Tribunal Constitu-cional ratificado, no ha lugar a la polémica por más que el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana defina el valenciano como idioma presuntamente diferenciado. Afortunadamente no es el pactismo político el que define los criterios científicos lingüísticos, ni de ninguna otra materia. Con ese cuadro, la decisión acordada entre Madrid y la Generalitat catalana de asumir la traducción de la Constitución Europea que se hizo en Valencia, parecía una solución inteligente: los catalanes cedían pero demostraban que se trata una misma lengua. Pero la brillante salida tropezó con tres problemas: la filtración -torpe o interesada- del genial acuerdo, la intolerancia del presidente Camps que se quedaba sin argumentos para broncas futuras a propósito de la lengua, y la incontinencia de Maragall que llegó a amenazar con acciones judiciales contra Zapatero. Al final, Zapatero, que muestra un cierto gusto por ir aplazando problemas que quizás un día se le agolpen, llevó a Bruselas una traducción de la Constitución al gallego, otra al euskera y otras dos idénticas al catalán-valenciano. Ridículo aparte, puede ser que no le acepten más que uno de los dos libros porque el otro está repetido y si tiene mucha suerte que le pongan en la tapa las iniciales Cat-Val o Val-Cat que su gobierno no se atrevió a inscribir después de que los valencianos amenazaran -a pesar de las concesiones catalanas- con encender las fallas. Maragall prendió también la mecha aunque corrió a apagarla después, con enfado de sus socios independentistas. Cuenta La Vanguardia que el pasaje de las amenazas judiciales a Zapatero se lo colaron en el comunicado algunos colaboradores cercanos y que Maragall montó en cólera al leerlo al día siguiente. Colaboradores Puede ser, pero entonces conviene que el presidente revise que colaboradores tiene o, al menos, que se lea antes los comunicados. Un conseller de la Generalitat que escuchó este razonamiento se limitó a comentar: «Hay en particular uno de esos personajes cercanos a Maragall que a ver si le encontramos rápidamente un trabajo en el extranjero o nos amargará la legislatura». Pero el vodevil lingüístico no debería hacer olvidar la comedia de enredos gallega a propósito de la sucesión de Fraga. Que se ratifique a un señor en la secretaria general de un partido y que se le descabalgue diez días después, tropelía solo evitada por un viaje en avión in extremis de otro señor desde Madrid, para alcanzar acuerdos secretos que a saber cuanto duran, es más digno de la época de Amadeo de Saboya que de hoy. El episodio, que no es más que una nueva entrega del serial, daña la credibilidad de todos los implicados estén en las trincheras ourensanas o en los balnearios de la corte. De ahí que el empresariado gallego a través de la CEG riñera literalmente a los políticos populares esta semana al pedirles «que sea la última vez» que se viven amagos de dimisión en la Xunta porque están acostumbrados «a un gobierno muy sólido y monolítico y este tema no gusta». Un alto ejecutivo bancario gallego ha comentado a este periódico que «menos mal que la otra Galicia, la de las empresas y los negocios va bien a pesar de los políticos» y cita, entre otros ejemplos, que la empresa de telecomunicaciones R entrará en beneficios este mismo año, algo que entidades similares de otras comunidades están lejos de conseguir. Es una lástima que Galicia esté en los periódicos por broncas políticas territoriales y no por sus logros empresariales. Y del mismo modo que Cataluña, como sostiene el periodista Enric Sopena, esté más pendiente de su selección de jockey sobre patines convertida para algunos políticos catalanes como su Perejil particular.