Se pone fin a la invasión de competencias, pero nacen las dudas

La batalla de las comunidades autónomas contra la «invasión de competencias» por parte del Ministerio de Medio Ambiente en la gestión de los espacios protegidos ha sido muy larga hasta que la pasada semana el Tribunal Constitucional reconociera la exclusividad de las autonomías en el control de los parques. El conflicto judicial fue ganado por la Junta de Andalucía, las Cortes de Aragón, la Diputación General de Aragón y la Generalidad de Cataluña, ésta última en calidad de coadyuvante, a través de sus recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Conservación de Espacios Naturales. Castilla y León, siendo Francisco Jambrina consejero de Medio Ambiente, se sumó a esta cascada de recursos, pero finalmente se retiró cuando Aznar llegó al Gobierno. Las dudas que plantea la extensa sentencia no son pocas, si bien abre paso a un proceso negociador sin precedentes en la legislación medioambiental española, que será reformada para dar cabida a la aceptación de los citados recursos. Organismo Autónomo Se reformará y sólo tendrá la función de velar por el cumplimiento de las normas La sentencia confirma que la aprobación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales corresponde al Gobierno de la nación. El secretario general para el Territorio y la Diversidad y presidente del Organismo Autónomo mantenía esta semana un encuentro con los trabajadores de esta entidad y con los directores de los 13 espacios protegidos y de los centros y reservas adscritos. Allí quedaba constancia de que las funciones del nuevo organismo autónomo que se cree en sustitución del actual serán las de velar por el mantenimiento por la calidad, representatividad y características básicas que deben cumplir la Red de Parques Nacionales. Este nuevo organismo se encargará de las relaciones internacionales, del programa MAB, de las reservas de la Biosfera y del resto de funciones de defensa de la sostenibilidad del desarrollo en la práctica de la gestión de las fincas que no son parques nacionales, patrimonio también del actual organismo. Los medios financieros serán cedidos el próximo año Ya se ha celebrado una primera reunión entre técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Administraciones Públicas para establecer cómo se realizará el traspaso de funciones y de medios financieros a la comunidad autónoma. Este traspaso se desarrollará a lo largo del año 2005. Asimismo, se establecerán unas ponencias conjuntas con las autonomías para llevar a cabo esta negociación, que se realizará a lo largo del próximo año. El Ministerio trabaja, además, en la identificación de todos los cauces de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, acorde con lo contenido en la sentencia que considera constitucional la cooperación «siempre que sea voluntaria» por parte de las comunidades autónomas. Las «obras estrella» de Oseja y Posada seguirán sus tramites El plan de trabajo del nuevo director del Parque Nacional Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, sigue su curso. Los proyectos estrella que afectan a los municipios leoneses de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre serán ejecutados por parte de la Administración central. Sólo en Posada, el plan de inversiones está valorado en ocho millones de euros y contempla el centro de interpretación de la naturaleza, con sede en la cabecera del municipio, un gran aparcamiento para turistas y la ejecución de la carretera de Caín, en una situación límite. Los proyectos de Oseja, según su alcalde, ni siquiera han sido valorados ni presupuestados. Se trata de otro aparcamiento y la construcción de un centro complementario al de Valdeón, en la Fonsella. Ya no serán designados por Madrid, sino por las autonomías La sentencia no aclara si habrá uno o tres directores, uno por comunidad autónoma. Se limita a señalar que estos cargos ahora serán designados por las autonomías y no por Madrid, como venía ocurriendo. Tampoco deja claro si habrá más de un plan rector. Lo más probable es que haya uno para las tres vertientes, de forma que Castilla y León, Cantabria y Asturias estarían obligadas a unificar sus políticas, que por otro lado pueden tener criterios muy distintos.