Abú Dahdah se enfrenta a la condena más larga de la historia por el 11-S

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará en marzo casi 200.000 años de cárcel para los 24 presuntos miembros de la célula española de Al Qaida, por considerar que sus principales líderes dieron apoyo logístico y financiero al comando suicida, liderado por Mohamed Atta, que el 11 de septiembre del 2001 estrelló dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York y provocó 3.000 muertos. La célula española de Al Qaida fue desarticulada en noviembre de 2001 por el juez Baltasar Garzón y durante seis años actuó como la delegación nacional de la red terrorista mundial y se dedicó a facilitar dinero, infraestructura y militantes a los grupos yihadistas que guerrean o atentan en países europeos, Oriente Medio y Asia. El fiscal acusa al líder de la célula española, Imad Eddin Barakat Yarkas, Abú Dahdah -encarcelado actualmente en la cárcel de Mansilla de las Mulas, donde permanece incomunicado- y a sus hombres de confianza, Driss Chebli y Ghasoub Al Abrash Ghalyoun, así como al prófugo Amer El Azizi, de ser cooperadores necesarios y cómplices en la masacre. Estima probado que, en julio del 2001, facilitaron y dieron cobertura y apoyo a la reunión celebrada en Tarragona por varios líderes del comando suicida del 11-S, donde se planificaron las últimas fases de los atentados en Estados Unidos. En la reunión estuvieron presentes, entre otros, Mohamed Atta y Ramzi Bin Al Shibh, el prófugo y presunto planificador de los atentados de Nueva York y Washington. Ghalyoun podría haber facilitado al comando un vídeo muy detallado de los rascacielos del centro de Manhattan, que grabó en Nueva York durante su estancia en 1997. El escrito de acusación pide para cada uno de los tres acusados 25 años de cárcel por cada asesinato del World Trade Center y calcula los muertos en el atentado en unos 2.500, por lo que la pena a imponer por cabeza sería de 62.500 años de cárcel y la suma de las tres, 187.500 años. No obstante, la cifra oficial final de muertos en la masacre de las Torres Gemelas es de 2.973, por lo que si durante el juicio se adopta como el dato a tener en cuenta, cada acusado se enfrentará a una condena de 74.325 años de cárcel y la suma alcanzará los 222.975 años de cárcel. Sin duda ninguna, se trata de la mayor acusación penal registrada por un tribunal español, pues las más importantes hasta ahora correspondían a masacres de ETA y no habían superado los 3.000 años de cárcel por acusado. Pero si la petición penal del fiscal es alta no lo es menos la reclamación de responsabilidad civil, por la que le pide a cada uno de los tres principales acusados la entrega a los familiares de las víctimas de entre 751.000 y 893.000 billones de euros. Los 24 procesados, entre ellos el periodista de Al Yazira Taysir Alony, el musulmán español José Luis Galán y el presunto cerebro financiero de la célula, Ghaleb Kalaje, están acusados de pertenencia a banda armada y de otros delitos como tenencia de armas o explosivos, falsificación de documentos y estafa. El escrito considera que Kalaje y sus socios entregaron entre 1996 y 2001 a Abú Dahdah, al comando del 11-S, al grupo palestino Hamas y a organizaciones terroristas islamistas de Yemen, Turquía y Bélgica, entre otras, unos 669.744 euros. Desde 1995 El fiscal explica que este grupo, inicialmente autodenominado «Soldados de Alá», se creó en 1995 a través de la relación fraternal entre Abú Dahdah y algunos de los más importantes dirigentes mundiales de Al Qaida, como Abú Qatada o Abú Mjusad, y tuvo su base de reuniones en la mezquita madrileña de Cuatro Caminos. Entre las labores que se marcó la célula estaba el apoyo a Osama Bin Laden y sus hombres en la lucha que mantenían en Afganistán, con el apoyo de Estados Unidos, contra la Unión Soviética y en el reclutamiento de mujahidines para esa causa y para otras guerrillas islamistas como la de Chechenia o la de Bosnia. Sus principales funciones eran el reparto de propaganda de Hamas o del GIA argelino y la concienciación en la necesidad de mundializar la guerra santa fundamentalista. Los miembros del grupo, entre ellos comerciantes de Lavapiés como Said Chedadi, recaudaban dinero o los obtenían de forma delictiva para los grupos terroristas islamistas, y facilitaban documentación falsa y refugio a los mujahidines que enviaban a los campos de entrenamiento afganos o a los que estaban de paso por España.