Una oenegé de Huelva estafó a 40.000 inmigrantes sin papeles a los que cobraba

La Guardia Civil detuvo en la denominada operación Comuna a cinco responsables de la organización no gubernamental Huelva Solidaria por estafar a 40.000 inmigrantes sin papeles a los que cobraban por realizar trámites administrativos necesarios para su regularización, como el empadronamiento, que son gratuitos; en muchos casos, la organización no realizó los trámites facturados. Los arrestados están acusados de los delitos de estafa continuada, que según fuentes del caso podría superar los dos millones de euros, y fraude contra las administraciones públicas. Un portavoz de la Guardia Civil señaló que la investigación comenzó hace más de un año a raíz de las denuncias presentadas por extranjeros socios de esa organización que aseguraban haber sido estafados. Los cinco detenidos, miembros de la junta directiva de Huelva Solidaria, fueron interrogados y quedaron en libertad a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, que decretó el secreto sumarial. Fuentes de la investigación aseguraron que la ONG cobraba unos 50 euros por empadronar a los inmigrantes, trámite que es gratuito. El presidente, Manuel Rodríguez, afirmó que «lo será para los políticos, nosotros no somos políticos y necesitamos dinero para organizar y ayudar». Este individuo explicó que su organización «se decantó hace tiempo por la autofinanciación» y «siempre ha actuado lo más claro posible, por eso la administración siempre ha tenido conocimiento de nuestras actividades». Para defender su inocencia, Manuel Rodríguez subrayó que «a los socios se les cobra una cuota en función de sus circunstancias». Se quejó de que la operación policial es «una zancadilla más que nos han puesto» por encargarse de «la gestión privada de los indocumentados que están en condiciones de semiesclavitud». El presidente de la asociación aseguró que existe un depósito a través del cual «se les está devolviendo el dinero a las personas que hayan considerado que no se debía cobrar por estos trámites». «No sabemos que delito se nos imputa, somos una asociación de 3.500 socios que no tiene otros ingresos que no sean los de las cuotas». Sin ayudas El abogado de los detenidos, Fernando Molina, aseguró que basará su defensa en que «al ser una organización que no recibe ayudas ni subvenciones públicas, necesita captar fondos por los servicios que ofrece», algo que «se explica a los inmigrantes, que pagaban en la sede». Durante todo el día, la Guardia Civil recibió nuevas denuncias de personas que acusan a los dirigentes de esta asociación de estafarlos. La operación sigue abierta y por el momento no consta que existan ramificaciones en otras provincias andaluzas. Así lo afirmó ayer a los periodistas el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, tras asistir junto al ministro del Interior, José Antonio Alonso, a la inauguración de unas jornadas sobre seguridad organizadas por UGT de Andalucía y la Unión Federal de Policía. El delegado del Gobierno precisó que los hechos por los que se han detenido a estas personas, entre ellas españoles y extranjeros, «están relacionados con la investigación que se hizo en su momento por la falsificación de domicilios y empadronamientos» por parte de presuntas redes dedicadas a la venta y falsificación de certificados a inmigrantes en esa provincia.