El fiscal general actúa de bombero

Las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses dictadas por el juez Santiago Pedraz han supuesto un serio revés para el Gobierno, en un momento en que parecían reconducirse las relaciones con Washington. Aunque se trata de una decisión puramente judicial, independiente por tanto del Ejecutivo, no es impropio pensar que la Administración Bush se la pudiera tomar como una nueva señal de hostilidad proveniente de España. Salvo, como ha sucedido, que la Fiscalía General acudiera a apagar el fuego. Esto explicaría la rápida intervención de Cándido Conde-Pumpido, quien ayer no dudó en aludir a la «relevancia internacional» del asunto, reconociendo así, de forma implícita, que afecta a las relaciones bilaterales. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha actuado con una inusitada celeridad. El mismo miércoles anunciaba que interpondría recurso y ayer lo hacía. Superada la última crisis con EE.UU. por la condena de la Cumbre Iberoamericana al «bloqueo» contra Cuba, el caso Couso amenazaba con originar nuevos problemas. Sobre todo porque Pedraz dejaba en evidencia la «nula colaboración» norteamericana el mismo día que comenzaba el jucio contra Sadam Huseín en un Irak ocupado, que Washington trataba de vender como un ejemplo para la humanidad, mientras mantiene su oposición a someter a sus militares a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional de la Haya. Ayer mismo, el concilador embajador norteamericano, Eduardo Aguirre, limaba asperezas, elogiaba el papel moderador de España en la cumbre y aseguraba que las relaciones no se verán afectadas por el auto de Pedraz. Eso sí, tras conocer las manifestaciones de Conde-Pumpido y la decisión de la fiscalía de recurrir. «La Audiencia carece de jurisdicción para conocer de la muerte de un ciudadano español en un conflicto militar» PEDRO RUBIRA, fiscal