España tiene carburantes más baratos y también los más contaminantes en la UE

Aproximadamente un tercio del precio final de las gasolinas y gasóleos son impuestos especiales que los gobiernos aplican discreccionalmente en la UE. El encarecimiento de los combustibles es general y también de forma proporcional la recaudación de las haciendas públicas de los diferentes estados, entre los que España, a pesar de todo, sigue siendo de los más baratos, con la única excepción de Grecia y casi a la par que Letonia y Lituania. Cada país grava casi a su antojo el tipo de combustibles, ya sean para automoción, usos industriales o domésticos, partiendo de costes de producción o importación que tampoco coinciden casi nunca. Así el precio del litro de gasóleo para calefacciones es en España, antes de impuestos, de 0,46 euros por litro -el resto, hasta 0,69 euros cuando llega al consumidor son impuestos especiales- frente a una media de 0,5 euros por litro en el resto de Europa. En general todos los estados europeos parten de precios mucho más elevados antes de gravar el producto, especialmente Holanda, Dinamarca o Alemania. El problema de la UE es su dependencia casi total en lo que se refiere a energías derivadas del petróleo, pero incluso países que, como Inglaterra, cuentan con yacimientos propios en el Mar del Norte, tienen el precio de partida del crudo por encima del español, al que luego se añaden impuestos indirectos también más altos. Iva y Sanidad A mayores de los impuestos especiales el precio final de gasolinas y gasóleos carga un 16% de Iva. Los primeros son más bajos para el gasóleo agrario y el de calefacciones, pero en todo lo demás Hacienda recauda lo mismo. Por autonomías también se incluyen tasas discreccionales, como el llamado impuesto sanitario -unos trés céntimos de euro o cinco de las viejas pesetas por litro- que, a pesar de su escasa cuantía está provocando ya desplazamiento en la demanda de combustibles de automoción de unas comunidades autónomas a otras. Están aplicando esta tasa, por ejemplo, Madrid, Cataluña, Asturias y Galicia para cuadrar en la medida de lo posible sus respectivos déficits financieros de la sanidad pública. No se aplica, en cambio, en Castilla y León, lo que está favoreciendo el negocio de no pocos distribuidores y empresas de transporte. Muchas de éstas últimas optan por cargar o crear sus propias estaciones de autoabastecimiento dentro de esta autonomía, aunque tengan su sede social en provincias y regiones periféricas. Entre Asturias y Galicia, por ejemplo, y Madrid el grueso de las empresas de transporte prefieren abastecerse en gasolineras propias o ajenas, pero siempre en provincias de Castilla y León, a la ida o a la vuelta, y lo mismo al transporte catalán. El Gobierno ofertó hace apenas dos meses a las comunidades autónomas la posibilidad de incrementar este impuesto, pero por el momento la Junta ha dedidido no hacer uso de esta opción.