Zapatero ofrecerá hoy un acuerdo a Cataluña para reformar el texto

José Luis Rodríguez Zapatero afronta el debate más importante de la legislatura y el que puede determinar el futuro de su mandato. La toma en consideración por el Congreso del Estatuto de Cataluña está asegurada porque sólo el PP votará contra, pero las posiciones que se establezcan en el pleno determinarán las posibilidades de éxito o fracaso de la reforma y, en consecuencia, marcarán el devenir de las relaciones entre Cataluña y el resto de España. El de Cataluña será el tercer proyecto de reforma estatutaria que llega al Congreso en esta legislatura -antes se debatieron el plan Ibarretxe y el de la Comunidad Valenciana- pero, a diferencia de aquellas ocasiones, el PSOE llega enfrentado con el PP y en sintonía con los nacionalistas, situación fruto de la decisión del PSC de sumarse a CiU, ERC e Iniciativa en un texto de indudable sesgo soberanista. Rodríguez Zapatero está decidido a asumir esa posición, pese a que no son pocas las voces en su partido que sostienen que es un error, y defenderá la tesis de que la reforma del Estatuto de Cataluña, si se hace con consenso, es una oportunidad para el progreso de la España plural. Bases mínimas Un acuerdo que, según su opinión, se debe construir a partir de unos mínimos que hagan posible abrir una negociación. El presidente del Gobierno no quiere hablar de «líneas rojas» -le disgusta el término acuñado por el británico Tony Blair- y prefiere hablar de áreas de encuentro. Se trata de lanzar un doble mensaje, explican fuentes gubernamentales: dejar claro a los ciudadanos que el Gobierno no va a ceder en determinados puntos, y, por otro, mostrar respeto por una propuesta avalada por casi el 90% del Parlamento de Cataluña y receptividad ante sus propuestas. El jefe del Ejecutivo tiene preparado un discurso dirigido al triparto catalán y CiU para «engrasar» un acuerdo que es su obsesión. El destinatario no va a ser el PP, ya que su concurso está descartado, porque tiene la convicción de que el partido opositor calcula que la confrontación frontal en este terreno es rentable en términos electorales. Rodríguez Zapatero, por tanto, se limitará a invitar a Mariano Rajoy a participar en la tramitación y presentar enmiendas, pero sin cebarse en la crítica, tarea que dejará al portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque sí reprochará al líder opositor «el tremendismo» de su discurso y los negros augurios que ha propalado sobre el futuro de España. En el terreno de lo concreto, según fuentes socialistas, el caballo de batalla de Rodríguez Zapatero no será la definición de nación, a diferencia de lo que opina el PP, sino cuatro apartados que constituyen la médula del proyecto. El presidente del Gobierno tiene previsto proponer una definición para Cataluña que equivalga en términos políticos a la de nación a fin de acallar a quienes, incluso dentro del PSOE, son reacios al término y, a la vez, lograr que el nacionalismo no vea desairadas sus aspiraciones. Siete leyes Las modificaciones de fondo se centrarán combatir aquellos puntos de la reforma que pretenden modificar leyes orgánicas, porque es una potestad del Congreso y no de un Ejecutivo autonómico. Los informes que maneja Rodríguez Zapatero dicen de que hasta siete leyes orgánicas tendrían que ser alteradas para ser compatibles con el actual articulado de la reforma estatutaria: las del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Electoral, Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la de Financiación de las Comunidades Autónomas. Financiación La financiación contemplada en el proyecto también debe ser objeto de una revisión a fondo. Rodríguez Zapatero cree que deben incluirse la filosofía y los principios generales, pero no bajar al detalle, como ocurre ahora. Está descartado, en su opinión, que Cataluña recaude todos los impuestos y defenderá la teoría de los «espacios fiscales propios», en los que las autonomías gestionarán sus impuestos -una parte mayor que la que tienen ahora de IRPF, los especiales y los cedidos- mientras la Administración central se encarga del IVA y el de sociedades. La unidad de mercado y la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central será otros aspectos a los que podrán reparos en el debate de hoy.