Europa pide paralizar la construcción en Valencia por el deterioro del litoral

El Parlamento Europeo aprobó ayer con escasas modificaciones el informe elaborado por la comisión de peticiones en relación con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunidad Valenciana en el que se pide una moratoria en las recalificaciones de suelo en esta región hasta que entre en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) con el objetivo de impedir que los promotores puedan acelerar planes urbanísticos para evitar una legislación más estricta. El informe de la eurodiputada liberal Janelly Fourtou, una vez introducidas las enmiendas, fue respaldado por una clara mayoría de la Eurocámara, recabando 550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones. Finalmente, la enmienda introducía por el PPE para que no se pidiera la «moratoria respecto a la aprobación de nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la normativa revisada», fue rechazada por 357 votos en contra y 242 a favor. Según el documento final, se constata que «se está produciendo cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de la nueva ley que, sin duda, parecerá más restrictiva». Aplicación «abusiva» La comisión de Peticiones recibió el encargo de redactar este informe a raíz de las múltiples quejas recibidas sobre los excesos urbanísticos, en muchos casos derivados de una «aplicación abusiva» de la LRAU. Las quejas se referían a los métodos de expropiación y a la falta de transparencia y de criterios claros establecidos para la adjudicación de contratos públicos. Según señala el informe «el número de casos de corrupción confirmados o sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación». Según los eurodiputados, «durante los últimos tres años se han incrementado de manera muy notable las reclamaciones por abusos urbanísticos», por ello, aunque la Comunidad Valenciana reconoce el problema y se ha comprometido a elaborar una nueva ley que sustituya a la LRAU, «a fin de evitar las desviaciones constatadas en la aplicación de esta última», piden a la Generalitat Valenciana «mayor diligencia que hasta ahora» para atender las preocupaciones de los ciudadanos.