Un proceso con vaivenes al que aún le queda mucho

Desde que hace algo más de dos años Zapatero prometiera en un mitin que apoyaría la reforma del Estatut que aprobara el Parlamento de Cataluña han pasado muchas cosas. Se constituyó el tripartito y, con el respaldo de CiU, sacaron adelante un texto con claros aspectos inconstitucionales, que finalmente el presidente no ha podido aceptar. Desde el primer momento, el PP se ha opuesto frontalmente a un proyecto que consideraba una reforma encubierta de la Constitución y que ni siquiera quiso que se admitiera a trámite en el Congreso porque no tenía enmienda. En el último momento decidió presentar sus propias propuestas y participar en el debate. Tanto el Gobierno como el PP han tenido que variar sus posiciones. Zapatero olvidó su compromiso y rectificó diciendo que iba a dejar el proyecto limpio como una patena. Con ese objetivo, el Ejecutivo ha presentado varias ofertas para recortarlo, esencialmente en el capítulo de la financiación, auténtico caballo de batalla de la negociación. Por su parte, el PP ha entrado en el juego por temor a quedar totalmente al margen y mostrarse como un partido casi antisistema. En todo caso, el fin del plazo de enmiendas no cierra la negociación, que todavía será larga. A partir de febrero, una delegación del Parlamento catalán estudiará las enmiendas junto a la Comisión Constitucional del Congreso. Si hay acuerdo en las ponencias designadas por ambas delegaciones, el informe final deberá ser votado de nuevo en el pleno del Congreso en abril y requerirá la mayoría absoluta. Si no hay acuerdo, será la Comisión Constitucional en solitario quien emita un dictamen que también requerirá mayoría absoluta del pleno. La Comisión Constitucional está presidida por Alfonso Guerra, que rechaza de plano la mayoría del texto actual. Por ello, Zapatero quiere entrar a esta negociación con un acuerdo cerrado con el tripartito y CiU que impida que Guerra actúe como freno. Lo que se apruebe se remitirá al Senado, en donde pasará un trámite similar para volver al Congreso y ser votado definitivamente. A partir de ahí, el Parlamento catalán tiene diez días para decidir si aprueba la iniciativa. Si lo hace, sólo restará que se pronuncien el Gobierno y la Generalitat para convocar luego un referéndum. Los más optimistas estiman que el Estatuto podría aprobarse antes de acabar el próximo año 2006. Los más pesimistas creen que si el acuerdo se rompe en cualquiera de las fases del debate la consecuencia serían unas nuevas elecciones en Cataluña y España.