El uso de veneno en Picos mata fauna en extinción

Los datos de envenenamiento de fauna silvestre de los últimos diez años en Picos de Europa indican claramente que existe un «problema de fondo» para la conservación de varios animales incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, algunos de ellos, como el oso pardo, en peligro de extinción. En esencia, esta es la conclusión a la que llegan los expertos del Laboratorio Forense de Vida Silvestre tras estudiar durante una década la evolución del uso ilegal de venenos en el corredor cantábrico. Entre 1996 y el 2005, en la vertiente leonesa del macizo se encontraron 338 animales muertos en 185 episodios diferentes. El uso de cebos estaba presente en 49 de estos casos. Pero como resulta obvio a tenor de las cifras, esta práctica no es la principal causa de los envenenamientos. En León, y también en Palencia, seis de cada diez muertes están relacionadas con la caza menor. El segundo factor en importancia que origina el uso ilegal de tóxicos es la protección del ganado frente a la predación, que supone, en términos globales para todo el corredor cantábrico, un 30,3% de los episodios conocidos. Otro de los aspectos importantes que ha revelado el estudio Intoxicaciones de Fauna Silvestre en el Entorno de los Picos de Europa y en el Corredor Pirenaico-Cantábrico es que está ocurriendo un cambio sustancial en los motivos del uso ilegal de venenos, y los ganaderos están adquiriendo una importancia creciente en la problemática. Difícil lucha Esta circunstancia, en opinión de los forenses veterinarios, puede conllevar aún más complicaciones para la lucha contra el uso delictivo del veneno, ya que la mayoría de las medidas o actuaciones sancionadoras que existen en la vía administrativa están muy dirigidas al control o regulación de la gestión cinegética «y son de difícil aplicación en el caso de la ganadería». Es decir, únicamente se puede disponer de la vía penal para hacer frente a la proliferación de los envenenamientos. En Castilla y León -los datos sólo se refieren a León y Palencia-, el resultado de las actuaciones de los agentes de la autoridad desde 1996 se materializaron en tres condenas a otros tantos imputados. Para dar una idea de la incidencia del uso delictivo de venenos en Picos de Europa, en el resto del corredor cantábrico-pirenaico, en el que se incluyen las comunidades de Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja, sólo se emitió una sentencia penal. Más grave que la detección del uso ilegal de veneno, «incluso con la virulencia con la que se ha encontrado», y que éste vaya en aumento y cada vez se vean afectadas más especies y ejemplares, es el hecho de que no se dispone de medios, infraestructura y capacidad suficiente para hacer frente al problema. Informes sin validez legal La detección, investigación y encausamiento del uso delictivo de venenos tienen como condicionante la inexistencia de centros de recuperación o de laboratorios especializados capaces de emitir informes con validez legal. Por la información que se ha podido recabar, se abrieron diligencias en un 29,7% de los casos analizados. Se abrió un expediente o se realizó un informe administrativo en un 9,4% de los casos y se remitieron actuaciones como diligencias o atestados a los juzgados en un 11,6% de los casos. El resultado, además de las condenas, fueron cinco sanciones administrativas. Desde que el uso de veneno fue tipificado como delito en el Código Penal en el año 1996, en un elevado porcentaje de los episodios -en torno al 20% en León- no se ha procedido a la recogida y acondicionamiento de las pruebas, como cebos, cadáveres y otros indicios incriminatorios. Pese a ello, la implantación y aplicación del protocolo de actuaciones en casos de envenenamiento sitúa a León al nivel de territorios como Navarra y La Rioja, puesto que Asturias y Cantabria son las comunidades que menos o peor persiguen este delito. Los guardas forestales fueron los responsables de la recogida de cadáveres y cebos en un 39,8% de los episodios conocidos, con un 16,5% de las actuaciones realizadas de forma conjunta con otros cuerpos. Los segundos que actuaron con mayor frecuencia fueron los efectivos del Seprona de la Guardia Civil (22,9%). Episodios sin investigar Del total de casos recogidos, se realizó analítica toxicológica en un 80,9% de los envenenamientos, al menos en alguna de las muestras o cadáveres encontrados. Sin embargo, en casi un 7% de los casos las muestras fueron remitidas a un laboratorio u organismo no especializado. El porcentaje global aparentemente bajo, es muy elevado en Asturias y Cantabria. «Lo sorprendende sería que se tuviera algún éxito en la lucha contra el veneno y su solución no puede plantearse a corto plazo, por lo que de seguir la tendencia y evolución del problema en los últimos años, no puede esperarse que haya avances significativos en su erradicación», denuncia el informe del Laboratorio Forense de Vida Silvestre. Ni con normas El asunto, como dicen los expertos, no se ha tomado realmente en serio. Desde noviembre del 2004, la Administración cuenta con la denominada Estrategia Nacional contra el uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural , que contempla, entre otras muchas actuaciones, fomentar la cooperación con las administraciones, incluidos los órganos judiciales, para que los casos denunciados sean investigados y juzgados. Sin embargo, la existencia de esta herramienta no ha impedido que siga existiendo descontrol sobre la comercialización, distribución y empleo de productos fitosanitarios, y que los envenenamientos de fauna silvestre, alguna en peligro de extinción, sigan aumentando cada año a pesar de la vigilancia que se ha multiplicado en el espacio protegido de Picos de Europa.