Santi Potros y «Pakito» ya no podrán salir hasta el año 2030

Según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias, hay en las cárceles del Ministerio del Interior 502 etarras, 340 de los cuales ya han sido juzgados. De esos, 184 fueron sentenciados con la vieja legislación, lo que le permite redimir penas. La medida acordada ayer afectará así a otros etarras encarcelados, como Francisco Múgica Garmendia, «Pakito», y Santiago Arrospide Sarasola, «Santi Potros», cuya excarcelación estaba prevista para el 2020 y que ahora no saldrán de prisión hasta el 2030. Ambos habían pedido la acumulación de condenas, pero el presidente de la sala de lo penal ordenó que no se resolvieran sus solicitudes hasta que el Supremo se pronunciara sobre Parot. Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional aseguran que la sentencia dictada ayer por el Supremo será de aplicación en otros muchos casos, incluidos los de terroristas a los que ya se concedió la acumulación de penas pero que aún no han salido en libertad. Domingo Troitiño Arranz, «Txomin» fue miembro del comando Barcelona de ETA que atentó en Hipercor en 1987, acción por la que fue condenado a 794 años de prisión; «Kubati» fue el autor material en 1986 de los disparos que acabaron con la vida de la etarra María Dolores González Cataraín, «Yoyes», asesinato por el que fue condenado a 47 años de cárcel. La salida de ambos de prisión estaba prevista para este mismo año y la sentencia cambia su situación. Verán alargada su permanencia en prisión. Los que se han librado La antigua integrante del comando Nafarroa de ETA Mercedes Galdós Arzuaga, «Bitxori», quedó en libertad el pasado 30 de septiembre tras cumplir 19 de los 30 años de límite máximo de cumplimiento efectivo de condena por haber redimido más de 10 años gracias a sus estudios de pedagogía y sus actividades de limpieza, aeróbic, mecanografía o fútbol sala. Beneficiándose de las redenciones establecidas en el Código Penal de 1973 extinguió sus condenas tras obtener el llamado «licenciamiento definitivo». En los próximos tres años abandonarían la prisión un centenar de etarras. De este grupo, 32 activistas saldrían a la calle al beneficiarse de las redenciones que permite el Código Penal derogado.