Detenidos cuatro menores por pegar a otro y grabar la agresión con el móvil Chaves?intercede?por?el?vocal?marbellí que?asesoró?a?una?corporación?corrupta

Cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años fueron detenidos en la localidad alicantina de Almoradí por agredir a otro adolescente de 14 años y grabar sus acciones con un teléfono móvil. Las detenciones se produjeron tras una de estas agresiones, ocurrida el pasado 20 de abril, y como resultado de la cual el agredido tuvo que ser atendido por lesiones que no revistieron gravedad en el centro de salud de Almoradí. Los padres interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil aunque al menos se había producido otra agresión anterior durante el mes de marzo en la que, supuestamente, los cuatro arrestados lanzaron vestido a una piscina privada al joven de 14 años. Los agentes han intervenido a los supuestos agresores un teléfono móvil que supuestamente utilizaron para grabar, al menos, una de las agresiones y vejaciones, y con el que posteriormente intercambiaron las imágenes con otros teléfonos. Tanto los cuatro supuestos agresores como la víctima residen en esta población de la Vega Baja alicantina, aunque no ha sido confirmado si asisten al mismo centro escolar. Por otra parte, dos jóvenes, uno de ello menor de edad, fueron detenidos durante la madrugada del domingo por la Ertzaintza en Bilbao acusados de agredir y amenazar de muerte a un indigente que se encontraba durmiendo en el cajero automático de una sucursal bancaria en la capital vizcaína. El agredido sufrió heridas leves y consiguió denunciar a la policía vasca los hechos. La Ertzaintza intenta ahora detener a las otras tres personas que tomaron parte en la agresión y que ya han sido identificada, que cuentan con 16, 17 y 18 años, respectivamente. Fuentes del Departamento de Interior confirmaron que, pasadas las 3,00 horas, una dotación de la Ertzaintza que patrullaba por la calle Zabalbide, en el barrio bilbaíno de Santutxu, observó a un grupo de jóvenes que merodeaban una sucursal bancaria y que se dieron a la fuga al percatarse de la presencia policial. Los agentes de la Ertzaintza se acercaron la lugar de los hechos y se encontraron allí con un varón que, nervioso, denunció que había sido objeto de un intento de asesinato. Los policías iniciaron entonces la persecución del grupo de jóvenes, presuntos autores de la agresión y de las amenazas, y lograron alcanzar y detener a dos de ellos. Se trata de un joven de 22 años y de un menor de 17. La víctima relató que un grupo de cinco o seis chavales comenzó a golpear con cadenas la puerta de acceso al cajero automático en el que suele pernoctar mientras proferían gritos y amenazas como «de hoy no pasa, te vamos a quemar». Dos de los jóvenes introdujeron papeles por debajo de la puerta con la intención de prenderles fuego. Manuel Chaves intercedió ayer a favor del vocal marbellí cuestionado por su trabajo como asesor para un ayuntamiento malagueño investigado por corrupción. El presidente de la Junta de Andalucía señaló que es preciso dar «un margen de confianza» a la comisión gestora que desde el pasado 19 de abril rige los destinos de Marbella y que ostentará de forma interina el poder local hasta los comicios de 2007. Según dijo, no hay «ilegalidad, ni incompatibilidad ni indicio de corrupción» en las labores de Rafael Duarte, encargado de la cartera de Urbanismo. «Si fuera así -garantizó- yo sería el primero que pediría la dimisión». Duarte -propuesto para el cargo por el PSOE- ejerció como asesor de urbanismo en el consistorio de Manilva. Se da la circunstancia de que el ex alcalde de este municipio, Pedro Tirado, fue encarcelado el pasado octubre durante la operación Ballena Blanca, una importante actuación policial que permitió desmantelar entre el 2004 y el 2005 una gran trama de blanqueo de dinero, en la que estaban implicados relevantes abogados y notarios de la Costa del Sol. Tirado fue acusado de prevaricación y cohecho. Pero el vocal de Marbella asegura que aquel Ayuntamiento era sólo un «cliente más» y que lo suyo «es cosa del pasado». A su juicio, además, su dimisión sólo serviría para dañar a la gestora, que tiene ante sí una ímproba labor de reordenación urbanística y que, entre otras cosas, se plantea la demolición de las miles de viviendas construidas de manera ilegal en suelo marbellí. El caso de Guerrero es distinto al de Duarte, dijo ayer Chavez. En el primero, dijo, «podía haber un conflicto de intereses entre la actividad profesional del vocal y su posición dentro de la comisión gestora». En el del letrado propuesto por los socialistas, a su juicio, no. «Duarte estaba trabajando para otro Ayuntamiento hace varios años y como asesor de un convenio que no era nada ilegal», aseveró.