Sólo la mitad de los 14.00 inmigrantes que hay en León son laboralmente activos y cotizantes

«La gente se censa en varios municipios a la vez con tal de demostrar que vive aquí, aunque sea con un recibo del agua» MIGUEL ÁNGEL CUETO , responsable de la oficina de inmigración de UGT El número de expedientes para regularización de extranjeros en la provincia de León se duplicó el año pasado tras el proceso de legalizaciones masivas en favor los inmigrantes sin papeles, que entre el 7 de febrero y el 7 de mayo sumaban un total de 1.064 en el conjunto de la provincia de León. En los meses siguientes el «efecto llamada», los programas de «reagrupación familiar» y las facilidades para encontrar permisos de residencia, aunque sean provisionales, a todo aquel que demuestre tener una oferta de empleo dispararon las cifras hasta un total de 2.592 autorizaciones o permisos. Actualmente el número de extranjeros residentes en la provincia es de aproximadamente 14.000, de los que la mitad son población activa y cotizantes de la Seguridad Social. Según el responsable del Centro Guía de UGT de León para inmigrantes, Miguel Angel Cueto, la continua llegada de trabajadores extranjeros a la provincia no debe extrañar a nadie ni tampoco alarmar, como está sucediendo en otras regiones de España. Según él, «probablemente no haya aquí ni un 10% de nuevos inmigrantes sin papeles», aunque reconoce que los números de los que solicitan permisos de residencia se disparan y no dejan de aumentar. Los responsables de UGT aseguran haber atendido el año pasado alrededor de 6.500 consultas o peticiones de ayuda en sus oficinas, «lo que supone, según calculamos nosotros, entre el 40% y el 50% de los que andan por la provincia e imaginamos que el resto derivarán hacia otro tipo de instituciones o sindicatos o actuarán directamente por su cuenta para gestionar los papeles, si ya tienen amigos o familiares con experiencia en España». De esas consultas casi 2.600 acabaron en solicitudes de permisos de trabajo o de residencia. Lo normal Según Cueto, el proceso de regularizaciones masivas y de golpe propiciado por el Gobierno en la primera mitad del pasado año no fue espectacular en León. Más importante, en cambio, es el continuo goteo de expedientes que sigue a la normativa llamada «del gégimen general», por la que cualquiera puede legalizar su situación, de forma temporal o indefinida, presentando una oferta de trabajo, aunque haya llegado a España sin ninguna. Otra opción son los derechos a la reagrupación familiar, una vez que el cabeza de familia se instala sin más documentos y consigue afincarse. Tanto en uno como en otro caso, según Cueto, se dan situaciones de picaresca, pero su incidencia es casi despreciable en relación con el problema social que supone el desplazamiento de un congingente tan grande de personas a la búsqueda de una vida mejor, muchas veces a miles de kilómetros de su lugar de origen. Obviamente no hay ningún tipo de estadística sobre inmigración ilegal en la provincia, pero en UGT se estima que no debe superar el 10% de los que ya están aquí con todos los papeles en regla. «Otra cosa es lo que pase en las regiones del Mediterráneo o en Madrid o en cualquiera de las grandes ciudades donde la oferta de empleos es elevada». O rotar en trabajos esporádicos como trampolín para llegar a otros sitios. Las optimistas estimaciones de los sindicatos no coindicen, sin embargo, con las del Ayuntamiento, cuyos censos de población inmigrante arrojan cifras mucho mayores, del orden del doble o del triple, aunque no menos imprecisas: a menudo un simple recibo de agua o de basuras sirve de prueba documental para acreditar la permanencia en la ciudad y arreglar el resto de los papeles, «así que la gente se censa en varios sitios a la vez para probar suerte».