El nuevo Estatuto definirá a Castilla y León como una «región de Europa»

Cuarenta y cinco de los noventa artículos de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que ayer terminaron de consensuar los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE con el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, son nuevos. También lo son tres títulos completos de los siete que conforman el texto que hoy mismo será registrado en las Cortes de Castilla y León para iniciar así su tramitación parlamentaria, que se espera culmine a finales de año. Sin embargo, una de las grandes novedades del futuro Estatuto no se incluye en el propio articulado, ni siquiera en el preámbulo, donde por primera vez se reconoce el papel fundador que el Reino de León tuvo en los orígenes de la actual comunidad autónoma, sino que aparece en las disposiciones adicionales. Es en este último apartado donde se recoge una disposición sobre «convergencia interior» en la que se establece que «la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Gobierno de la nación», elaborará un Plan Plurianual de convergencia Interior cuyo objetivo será «eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre provincias y territorios de la comunidad». Este Plan deberá ser aprobado por las Cortes de Castilla y León. Fiesta de la comunidad También como novedad, el Estatuto, cuya reforma fue calificada por Juan Vicente Herrera como «rabiosamente constitucionalista», «dialogada, consensuada y participativa», así como «dirigida a los ciudadanos, neutral, moderna, abierta a los cambios, ejemplarizante, y cargada de sentido común», define en su título preliminar a Castilla y León como una «región de Europa», que asume los valores de la UE y vela por el cumplimiento de sus objetivos. Igualmente, y como ya se había anunciado, Castilla y León aparece en el artículo número uno de este título preliminar como «una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla». Tambíén se reconoce su decisiva contribución «a la formación de España como Nación». Un total de ocho artículos se destinan a definir y regular los símbolos de identidad de la comunidad, que hasta ahora eran la bandera, el emblema y el pendón, y entre los que por primera vez se incluye al futuro himno de Castilla y León. Las características y la utilización de todos estos símbolos deberán regularse en una ley específica. Igual de novedoso, aunque de facto ya se consideraba así, es el establecimiento del día 23 de abril como fiesta oficial de la comunidad. Carta de derechos sociales Un apartado totalmente nuevo, ya que no aparecía en el actual Estatuto, es el capítulo dedicado a los derechos de los castellanos y leoneses. Según destacó el propio Herrera, la reforma estatutaria tiene un carácter marcadamente social al incluir un amplio catálogo de derechos de los castellanos y leoneses, que también lo serán de los ciudadanos extranjeros «con vecindad administrativa en la comunidad». En este capítulo figuran, entre otros, el derecho de participación en los asuntos públicos, el derecho a una buena administración o el derecho a la no discriminación por razón de sexo, y se reconocen los derechos de las personas en situación de dependencia o las que padecen alguna discapacidad. Asimismo, se incluye el derecho a una «renta garantizada de ciudadanía» a todos aquellos castellanos y leoneses que se encuentren en situación de exclusión social, y se garantiza la «igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en el acceso a los mandatos representativos autonómicos». Otro capítulo que tampoco aparece en el actual Estatuto es el dedicado a los Principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León, como son el impulso del diálogo social, la especial atención a la pequeña y mediana empresa, la lucha contra la despoblación y el desarrollo integral de las zonas rurales. En este mismo apartado se establece que «los poderes públicos de Castilla y León desarrollarán actuaciones tendentes al retorno a la comunidad de los bienes integrantes de su patrimonio cultural que se encuentren fuera de su territorio». Ya en materia de competencias ejecutivas y legislativas, la reforma del Estatuto otorga por primera vez a la Junta la capacidad de dictar decretos-leyes en caso de «extraordinaria y urgente necesidad».