Estima que cambiar la financiación autonómica costará más de 4.000 millones
El PP cree que con el Estatut se beneficiará a muchas comunidades
La principal crítica es que se pueda llegar a una «soberanía financiera compartida»
El PP está dispuesto a negociar con el Gobierno la reforma de la financiación de las autonomías aunque el modelo que presenten los socialistas se base en el nuevo Estatuto catalán, que los populares ha recurrido ante el Constitucional. La responsable autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría y el secretario popular de Economía y Empleo, Álvaro Nadal, explicaron ayer la posición de su partido. Nadal admitió que si Zapatero propone un modelo basado en el Estatut las autonomías del PP no se cerrarán en banda y negociarán para defender sus intereses. El PP estima de hecho que con el modelo catalán no sólo se beneficiará Cataluña sino también otras muchas comunidades, en especial las gobernadas por el PP. Ni siquiera tienen claro que Cataluña sea la más beneficiada ya que, según Nadal, el sistema actual le ha supuesto un incremento de un 54% en su financiación desde 1999. Entre las más beneficiasdas estarían Madrid, La Rioja y Valencia, mientras que las más perjudicadas serían Galicia, Extremadura y Asturias. La principal crítica de los populares al modelo contenido en el Estatuto catalán no es precisamente el de una mayor cesión de impuestos sino el hecho de que faculta a Cataluña para salirse del sistema común y llegar a una especie de «soberanía financiera compartida» en virtud de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Reordenación del Estado En lo que afecta al recurso contra el Estatuto catalán, Sánez de Santamaría, advirtió de que su aplicación supondrá una «reordenación» de la Administración General del Estado y auguró un aumento de los conflictos y litigios entre comunidades provocados por el hecho de que Cataluña se arrogue competencias que otras comunidades no tienen. Sobre la financiación autonómica el PP estima que la reforma basada en el modelo del Estatuto catalán costará a las arcas del Estado, al menos, 4.000 millones de euros para poder saí satisfacer las necesidades de todas las comunidades sin que haya agravios comparativos. El secretario ejecutivo de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, dirige un equipo que prepara los planteamientos que defenderá el partido opositor en esta negociación con el Gobierno, integrado por el vicepresidente y consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, y los secretarios de área de Hacienda del partido, Álvaro Nadal y Elvira Rodríguez. «Con cuatro mil millones se arreglaría», afirma ésta última, aunque advierte de que si Solbes detrae a tal fin esa cantidad de los Presupuestos del Estado no podrá financiar otros planes del Gobierno, como la aplicación de la Ley de Dependencia, por ejemplo. «Además estamos hablando de la consolidación de un derecho que no sólo hay que pagar un año sino los siguientes», apostilla la ex ministra de Medio Ambiente. Aunque ya han preparado su propuesta, en la sede dan por hecho que no habrá avances hasta que se conozca la composición del nuevo Gobierno catalán.