Las autonomías aceptan tutelar a 500 menores hacinados en Canarias

Las comunidades autónomas expresaron este lunes ante el Consejo Superior de Políticas de Inmigración su disposición a hacerse cargo de la tutela de 500 inmigrantes menores de edad que viven hacinados en centros de acogida de menores de Canarias. Son jóvenes de entre 13 y 17 años, la mayoría procedentes de Senegal, Mali y Guinea Bissau, que no pueden ser repatriados por la imposibilidad de localizar a sus familias o porque éstas los rechazan. Las autonomías del PP prometieron estudiar «con ánimo positivo» el programa de traslados para acoger a parte de ellos. La reunión se celebró en el Ministerio de Trabajo presidida por su titular, el ministro Jesús Caldera. Congregó a representantes de nueve departamentos del Gobierno central, consejeros y técnicos de gobiernos autonómicos y delegados de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante cuatro horas, debatieron sobre cómo mejorar la situación de centenares de menores inmigrantes que precisan protección de acuerdo con la legislación española, y que el Gobierno quiere repartir por la Península para aliviar la presión que sufre el archipiélago canario. El ministro de Trabajo explicó tras el encuentro que Canarias está «desbordada». Por eso, los gobiernos central e insular plantearon «una propuesta para trasladar a los que no pueden ser adecuadamente atendidos allí al resto de la Península». El Gobierno insular tiene unas 250 plazas para menores en sus centros, en los que hoy hay amontonados más de 800. Pide que resto de España se haga cargo de 500, para aliviar su situación. Caldera celebró que «todas las comunidades han manifestado su disposición a acogerlos, algunas ya de modo decidido y otras (del PP) indicando que van a estudiar con ánimo positivo la participación en este programa». Preguntado por la actitud de los representantes autonómicos «populares», el ministro recalcó que «han ofrecido su solidaridad, van a estudiar el programa en sentido positivo y ver cuántas plazas pueden poner a disposición del mismo». «Se lo quiero agradecer, porque así servimos a los intereses generales y sobre todo a los del menor», zanjó. Los gobiernos de Ceuta, Melilla y Andalucía plantearon otros obstáculos motivados por el colapso de sus centros de acogida, pero ofrecieron su «solidaridad». Política incompetente La postura de los gobiernos populares la expresó con más detalle la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, quien atribuyó el incremento de menores llegados en cayucos a Canarias al «efecto llamada» y a la actuación «incompetente» del Gobierno central en política de inmigración. No obstante, afirmó que «vamos a estudiar e intentar en la medida de lo posible hacer un esfuerzo». A partir de este martes, técnicos de la Secretaría de Estado de Inmigración empezarán a reunirse con funcionarios de las comunidades autónomas. Cada una de ellas indicará el número de plazas que puede ofrecer en sus entidades tutelares, y si dispone de otras que puedan asumir oenegés o instituciones especializadas, que recibirían financiación directa.