La «pinza» de PP, CiU y BNG complica la aprobación de la Ley del Suelo

El Partido Popular (PP), Convergencia i Unió (CiU) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentaron este martes en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley del Suelo presentado por el Gobierno al entender que invade competencias de las comunidades autónomas. Este rechazo complica la tramitación de la norma, pues fuerza al Partido Socialista a asegurarse el apoyo del resto de grupos. La asociación de promotores y constructores (APCE) cargó también contra el texto, del que dijo que si se convierte en norma tal y como está planteado encarecerá el precio de la vivienda y provocará recortes de empleo en el sector. Las formaciones, que de forma conjunta no cuentan con mayoría en la Cámara Baja aunque sí en el Senado, abocan al grupo parlamentario socialista a cerrar filas con sus socios de Gobierno. Competencias El PSOE deberá ahora atender a las eventuales demandas de ERC e IU-IVC sobre la Ley del Suelo, lo que podría complicarse en el primero de los casos toda vez que CiU ha argumentado que la ley viola las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de suelo dimanadas del nuevo Estatuto de Autonomía. Los nacionalistas liderados por Artur Mas aseguraron que «es un mal presagio que a través de leyes parciales, una vez aprobado el Estatut, se intenten vaciar de contenido las competencias del gobierno regional». Para CiU, el Estatuto concede en exclusiva al ejecutivo catalán la regulación del régimen urbanístico del suelo que incluye, en todo caso, la determinación de los criterios sobre los distintos tipos de suelos y usos. En la misma línea se expresó el PP, que afirmó que al menos una decena de artículos «invaden claramente las competencias de las comunidades autónomas y, por lo tanto, están afectados se su posible declaración de inconstitucionalidad». El PP criticó el carácter confiscatorio de la ley y apuntó que el texto promovido por María Antonia Trujillo «no propone ni una sola medida que pretenda dar solución al problema del precio del suelo y su incidencia en el de la vivienda». A su juicio, el proyecto tampoco ataca la especulación urbanística y sus medidas sólo contribuirán a encarecer aún más los pisos. Argumentos en los que insistió el BNG, que pidió la devolución del proyecto al Gobierno al entender que no entiende las «peculiaridades» de la ordenación gallega y que adolece de medidas que se basen en las particularidades de cada región respecto a su ordenación territorial. Los constructores cargaron contra la norma (que les obliga a reservar para vivienda protegida un 25% de los nuevos desarrollos y a ceder a los ayuntamientos hasta un 20% del terreno en cada operación), porque hará que los pisos libres asuman a través del precio toda la presión de la VPO sobre los promotores.