La ruta del bajorrelieve

«Los robos casi siempre son casuales, aunque también se dan los casos de robos a la carta. Y si se roba es porque hay demanda», denuncia uno de los agentes de la Guardia Civil de León especializados en investigaciones sobre patrimonio. El circuito de la distribución es en ocasiones complejo de seguir. «A veces es realmente difícil hacer un seguimiento porque son redes muy organizadas en este sentido». «Hay obras que se dejan enfriar durante años antes de salir al mercado», señala el mismo agente. No hay que olvidar que la mayor parte del patrimonio histórico susceptible de robos y destrozos se encuentra en la demarcación de la Guardia Civil, por lo que la abundante cantidad de monumentos, museos y ermitas distribuidos por la provincia hace prácticamente imposible el control absoluto y permanente sobre estos bienes. Según los datos que maneja la Policía Judicial, las piezas robadas en León se distribuyen después en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde periódicamente se celebran reuniones y convenciones en las que se comercia con este tipo de obras. Sin embargo, las piezas más importantes se las suelen quedar coleccionistas privados con poder económico muy relacionados con la escala más baja de estas redes, que son los ladrones o sus intermediarios. La fórmula más novedosa de comercio ilícito de bienes arqueológicos o religiosos es Internet, aunque las operaciones de las fuerzas de seguridad que han partido de las subastas en la Red también han frenado este tipo de práctica. Es peor el daño que el robo Para la Guardia Civil de León, a veces lo peor de todo no es el robo, sino el daño que sufren las piezas. «Cuando arrancan las columnas, supone un gran deterioro, igual que cuando cortan la tela de una pintura. El transporte se suele hacer en coches, por lo que si se da el caso de que sobra el brazo de una piza, lo cortan y listo. Después, el almacenaje se suele realizar en bajocubiertas, por lo que la conservación tampoco es la mejor», revelan los agentes. El Código Penal de 1995 incorporó, por vez primera en la historia de la codificación penal, un capítulo en torno a los delitos contra el patrimonio histórico, donde se castiga hasta con tres años de cárcel los delitos de este tipo. La tutela penal y administrativa descansa en la ley nacional de Patrimonio de 1985 y en la normativa autonómica del año 2002.