«Los programas para rehabilitar maltratadores no funcionan bien»

La Fiscalía General del Estado ha detectado problemas en los programas de rehabilitación para los maltratadores condenados por primera vez por delitos menos graves, que se están solucionando, según la fiscal de sala delegada para la Violencia de Género, Soledad Cazorla. Cazorla explicó en una entrevista con Efe que este tipo de programas -previstos en la ley contra la violencia de género- «no estaban funcionando bien y presentamos quejas a las instituciones competentes». La ley prevé programas de rehabilitación para condenados que entran en prisión -los cuales «van funcionando»- y los dirigidos a quienes cometen un delito por vez primera («delincuentes primarios»). En estos casos, la pena de prisión es corta, «se les da la oportunidad para que no ingresen en prisión y, pasado el tiempo, se considera que han cumplido con la sociedad». «Pero lo que ocurre en materia de violencia de género es que no sólo es necesario con que transcurra el tiempo sin que haya cometido un hecho delictivo sino también que se le someta (al agresor) a una regla de conducta, tratando de que se dé cuenta de la barbaridad» que ha hecho contra su pareja. «Esto es un vacío que hemos tenido desde la ley (aprobada hace año y medio) y todas las instituciones que trabajamos coordinadamente y que no tenemos más empeño que demostrar que esta ley es importantísima y contribuye a resolver el problema, hemos dicho que hay algo que no estaba empezando a funcionar bien». Tras las quejas «se está resolviendo el tema y se están logrando convenios para llevar a práctica esas reglas de conducta necesarias. Cuando se piensa en la víctima hay que pensar qué sentimiento de impunidad podría tener si llega al final del proceso y a la sentencia condenatoria y luego, permítaseme la expresión, el maltratador se va de rositas». Anunció asimismo la intención de la Fiscalía General del Estado de poner en marcha en el 2007 un registro para «tener datos fiables, serios y muy concretos del fenómeno de la violencia de género». Se trata de evitar la confusión existente entre los datos de la violencia doméstica o intrafamiliar y la de género, así como obtener información de temas que afectan directamente a la Fiscalía (retiradas de denuncias, incomparecencias de las víctimas, etcétera). Apuntó que un «número considerable de mujeres» no acuden a declarar en el juicio oral (la ley procesal dispensa a los familiares a declarar en contra del imputado, en este caso el cónyuge o pareja). Es un fenómeno «reiterativo» que las mujeres se echen atrás pese a haber denunciado, lo que complica la tarea del fiscal. «Eso nos lleva -dijo- a que tratemos de preparar una batería de pruebas que circundan a esa declaración de la víctima para poder enervar el derecho de presunción de inocencia y probar un hecho delictivo. Es importante la declaración de la policía, contar con un parte médico, una prueba forense...» Con respecto al número de víctimas mortales en lo que va de año (61), Cazorla explicó que la cifra es «sobrecogedora, pero nunca he pensado que nada más tener una ley se iba solucionar el problema». «Es un camino que necesita tiempo. No podemos valorar la ley ni en uno ni en dos años, quien considere que no funciona por las cifras mortales es que no entiende de lo que estamos hablando», enfatizó.