Tremps se plantea dimitir tras ser vetado para decidir sobre el Estatut

El magistrado Pablo Pérez Tremps aseguró ayer que se ha planteado la posibilidad de dimitir tras ser recusado el lunes por el pleno del Tribunal Constitucional, atendiendo a la demanda del PP para impedirle decidir sobre la inconstitucionalidad del Estatuto catalán. En cualquier caso, añadió que se tomará su tiempo para decidir si deja el puesto, ya que no quiere tomar la decisión «en caliente», sino tras valorar la situación personal y profesional en la que queda tras el varapalo que le han propinado sus compañeros denominados conservadores, que derrotaron por seis votos a cinco a los llamados progresistas. Su dimisión haría posible que el Gobierno -que fue el que lo designó- nombrara a otro magistrado afín para sustituirlo, restableciendo así el equilibrio entre conservadores y progresistas. Eso, sin embargo, provocaría una crisis abierta en el tribunal que debe resolver siete recursos de inconstitucionalidad, los del PP, el Defensor del Pueblo y siete comunidades autónomas. Fuentes del Constitucional aseguraban ayer que el hecho de que Pérez Tremps sea apartado no significa automáticamente que se vayan a aceptar los argumentos del recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Estatut. Tremps aseguró que se siente «plenamente capacitado intelectual y éticamente para resolver ese asunto» y que no entiende «cómo algo puede ser para unas personas una cosa y seis meses después la contraria», en referencia a los tres magistrados conservadores que votaron en contra de la primera recusación presentada contra él por el PP hace unos meses y a favor de esta segunda. Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, firmó tres meses antes de ser nombrado magistrado del Constitucional en junio del 2004 un contrato con la Generalitat para la elaboración de un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña, por el que cobró 6.000 euros. El Partido Popular cuestiona su imparcialidad por cobrar precisamente por asesorar a una de las partes sobre el objeto del recurso, tesis que ha sido admitida por los seis magistrados conservadores del Constitucional. Tormenta política La recusación de Pérez Tremps originó ayer una tormenta política. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó al PP de «pervertir» el funciona-miento del Estado y de poner en duda a las instituciones con fines partidistas. Por su parte, el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, consideró que la decisión es «una victoria del sentido común y de la lógica democrática» y que la posible sustitución de Tremps por el Gobierno sería inadmisible. Juan Fernando López Aguilar afirmó que la sustitución del magistrado Pérez Tremps «no está planteada» y expresó el acatamiento del Gobierno a una decisión que, resaltó, no tiene precedentes. A ese respecto, el ministro de Justicia recordó el caso de José Luis de los Mozos, que en 1989 renunció a su escaño de senador por el Partido Popular para ser nombrado magistrado del Constitucional, al que «se per-mitió enjuiciar leyes a las que había votado favorablemente» como parlamentario.