De la Vega remite a las urnas las responsabilidades políticas del 11-M Pilar Manjón denuncia la difusión de imágenes de las víctimas El tribunal retira la protección a la supuesta fuente de Díaz de Mera

El Gobierno guarda distancias con la posición de la comisión ejecutiva socialista que, el pasado jueves, exigió a la cúpula del PP que asuma responsabilidades por la gestión de la crisis tras el 11-M. «Las responsabilidades políticas se dilucidan en las urnas y diciendo la verdad», matizó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Portavoz discriminó el debate político de la vertiente judicial del 11-M. Por su parte, aseguró que el Gobierno es partidario de dejar trabajar al tribunal, dijo que respetará la sentencia y «no interfiere ni va a interferir» en el proceso judicial. En este terreno, señaló que «el PP lo que tiene que hacer es dejar de entorpecer y colaborar con la Justicia». Ya en el ámbito de la política, limitó las responsabilidades políticas a la sinceridad de los populares y los resultados electorales. No obstante, concluyó que, tras las revelaciones que se han conocido en la vista oral del juicio, «cada vez resulta más evidente que el Gobierno del PP no dijo la verdad, ocultó datos y retrasó información». «Todo apunta -añadió- a lo que ya sabíamos, a lo que supieron los ciudadanos en aquellos días tristes y a lo que se señaló en las conclusiones en la comisión de investigación del Congreso». Contraataque de Acebes Por su parte, el secretario general del partido opositor, Ángel Acebes, continuó el contraataque a las invectivas de los socialistas y dijo que «están muy nerviosos» ante la expectativa de una derrota electoral. Durante una rueda de prensa en Burgos, reiteró los argumentos del comunicado que difundió el Partido Popular el pasado jueves, acusó al PSOE de resucitar la estrategia de «manipulación» del 11-M para ganar las elecciones y dejar en un segundo plano los resultados de su política antiterrorista, informa José María de Francisco. Además, el ex ministro del Interior insistió en que dijo la verdad tras los atentados terroristas de Madrid. «El Partido Socialista -declaró-quiere recuperar su estrategia del 11 al 13 de marzo para tapar el fracaso de su política de cesión ante ETA. No quieren que hablemos ni de Otegi, ni de De Juana Chaos, ni de Batasuna, ni del proceso, y, por lo tanto, en este momento utiliza el 11-M». Además, Ángel Acebes reconoció ayer por primera vez que el atentado de Atocha fue cometido por los terroristas islamistas. En un audio recogido en la página digital de la cadena Ser, el secretario general del Partido Popular respocha al PSOE que le eche en cara a su partido «el primer atentado de la historia del terrorismo islamista». «Pretender echar a la cara al Gobierno (del PP) el primer atentado de la historia del terrorismo islamista (en España) es una auténtica vergüenza» ÁNGEL ACEBES Secretario General del PP La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidirá el próximo lunes la admisión a trámite de la denuncia presentada por Pilar Manjón, portavoz de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, contra los responsables de la difusión por correo electrónico de una serie de imágenes de las víctimas de los atentados del 11 de marzo del 2004 que atentan claramente contra la privacidad de las víctimas y contra la sensibilidad de sus familiares.Las imágenes, que fuentes jurídicas consultadas por este periódico han calificado de «muy fuertes», han sido remitidas por correo electrónico a varias personas, entre ellas a la propia Pilar Manjón. Este álbum macabro se titula «todos por la paz» y está formado por 29 fotografías de los restos de las víctimas en los distintos escenarios de los atentados. Se cierra con una imagen del presidente del Gobierno en la que bajo el título «El talante» se puede leer: «¿Les has preguntado si quieren negociar?». Aunque estas imágenes y/u otras de la misma crudeza aparecen recogidas en los 93.000 folios del sumario, fuentes conocedoras de las mismas consideran que pueden haber sido sacadas de un vídeo grabado en los primeros momentos después de las explosiones. El tribunal que juzga el sumario derivado de los atentados del 11-M hizo público ayer un auto en el que notifica a las partes la decisión de retirar la protección al funcionario de Policía Enrique García Castaño que, según el ex director general del cuerpo, le informó de la existencia de un supuesto informe en el que se vincula a la organización terrorista ETA con los atentados del 11-M. El tribunal que juzgan los atentados considera que ya no es necesario mantener el anonimato de este funcionario policial porque su nombre ya ha sido difundido en distintos medios de comunicación, una vez que él mismo remitió una carta a sus superiores negando las afirmaciones realizadas el pasado día 28 por Díaz de Mera en su comparecencia como testigo. En cuanto a la petición formulada por la fiscal Olga Sánchez de que declaren como testigos otros tres funcionarios aludidos por Díaz de Mera en la carta que remitió al tribunal con la identidad de su supuesta fuente, la sala posterga su decisión hasta después de la declaración de García Castaño, que antes de estos hechos ya estaba incluido en la relación de testigos con el número 405 a instancias de la acusación que ejerce la AVT. El Ministerio Público reclamó la comparecencia de Telesforo Rubio, el entonces comisario general de Información que encargo el informe, de Domingo Pérez Castaño, el jefe de la Unidad Central de Información (UCI) que comenzó la investigación, y de José Cabanillas, el comisario que dio el visto bueno final al informe y quien, según Díaz de Mera, lo manipuló por orden de Rubio.