Según una encuesta de Gallup el 83,6% de los españoles aprobaría la medida, a pesar del lobby feminista

Sospapá de Vigo, primera asociación de padres divorciados españoles creada como filial de las que ya existían en Francia, encargó en mayo del 2005 al Instituto Gallup una encuesta sobre la opinión de los españoles en relación con los flecos que dejan los divorcios en la custodia de menores. Sobre una muestra de 964 españoles consultados un 90% dijeron ser partidarios de la custodia compartida, daba igual que respondieran hombres o mujeres, y sólo una décima parte se mostraban partidarios de que los chicos quedaran permanentemente a cargo de la madre. Entre estos últimos prevalecían los jubilados y las personas con menor nivel de estudios, más apegados a las costumbres tradicionales. El resto se declaró masivamente a favor. La última Ley de Divorcio, la del llamado «divorcio exprés» por lo rápido de los trámites, aprobada por el Gobierno Zapatero al comienzo de su mandato sólo concede la custodia compartida a los ex conyuges previo acuerdo entre ellos, «lo que equivale a que las madres puedan vetarla a su antojo» y, en la práctica, a que los jueces sigan concediéndosela practicamente en monopolio: «Si antaño era en el 99% de los casos, ahora no baja del 90%, salvo que se den supuestos muy graves, asi que, cuando no hay acuerdo, estamos ante una norma superflua y encubiertamente sexista, porque concede a las madres el privilegio de vetar la custodia de los hijos por el padre». Según las mismas fuentes, la reciente reforma de las leyes de divorcio no han servido para nada y, menos para mejorar la situación de los hijos que quedan en el camino. «Unos dos millones de niños durante el último cuarto de siglo han visto obstaculizado de modo absurdo y doloroso la relación con sus padres y familias paternas», so pretexto de la mayor dedicación de la madre al cuidado de la familia, «aunque la mujer se haya incorporado también al mundo laboral y los padres progresivamente en la crianza y educación de sus hijos». «Resulta paradójico», se añade en un comunicado ya veterano de Sospapá, «que un Gobierno que se autoproclama abanderado de la causa de la igualdad entre hombres y mujeres haya impulsado todavía una ley más retrógrada que la que ya estaba en vigor (...). Lo que la sociedad y las familias precisan con urgencia es una ley que proteja el derecho de los hijos a relacionarse equitativamente con ambos progenitores y no esperar otros veinticinco años a más leyes».