Marlaska vuelve a abrir el sumario contra Otegui por el homenaje a Arkaitz Otazua
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha confirmado la reapertura de la causa abierta contra el portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otras 22 personas por su participación en el homenaje al etarra Arkaitz Otazua, a pesar de las dudas de la Fiscalía sobre la imparcialidad del magistrado. En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, desestima los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y las defensas de los imputados contra la reapertura del procedimiento, que se efectuó el pasado 1 de junio después de que el propio juez lo archivara el 23 de marzo anterior, a petición del fiscal ante la falta de pruebas. Sin embargo, al aparecer una grabación de la manifestación en la que se produjo este homenaje y en la que Otegi pronunció un discurso, Grande-Marlaska consideró que sus palabras podrían ser constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Con ello, la Fiscalía entiende que la única parte que puede reabrir esta causa es ella misma y, por ello, según recoge el auto, al decidirlo el juez, el Ministerio Público aprecia «una concreta parcialidad en el instructor o al menos dudas legítimas sobre su imparcialidad». En cualquier momento Por el contrario, Grande-Marlaska señala que la ley le permite volver a abrir el procedimiento porque, argumenta, el sobreseguimiento constituye una «simple declaración» de voluntad judicial, que sólo pone fin al proceso de «forma interina» y permite la reapertura del sumario «en cualquier momento». En otro dictamen judicial, el juez rechaza el recurso presentado por la defensa de Otegi contra la personación de Dignidad y Justicia y del Foro Ermua en la causa y afirma que es «perfectamente factible» la presentación de terceros «ejercitando la acción popular» y siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Igualmente, desestima el recurso de Dignidad y Justicia contra la fianza que se le impuso para poder personarse y recuerda que, si bien la Constitución prevé el ejercicio de la acción popular por parte de terceros no afectados directamente por el delito cometido, se contempla el depósito de una fianza «que garantice cualquier responsabilidad».