El buen clima institucional no impide conflictos entre Gobierno y autonomías

El talante del que se jacta José Luis Rodríguez Zapatero no ha logrado taponar la conflictividad constitucional entre el Gobierno central y los autonómicos. En el 2006, el Tribunal Constitucional recibió 16 recursos contra leyes de una y otra administración, tres más que en el año anterior. El incremento, sin embargo, es irrelevante en comparación del clima que se vivió durante el último mandato de José María Aznar ya que entre el 2000 y el 2004 el órgano de arbitraje constitucional contabilizó hasta 217 conflictos. Rodríguez Zapatero se precia de tener un diálogo fluido con los gobernantes territoriales, subraya que en estos tres años largos de mandato ha mantenido 52 reuniones con gobernantes autonómicos de todos los colores políticos; ha creado la Conferencia de Presidentes, que ha celebrado tres reuniones; y ha celebrado un debate sobre el estado de las autonomías. También tiene a gala haber alcanzado una relativa paz jurídica con las administraciones autonómicas, pero las disputas persisten. Los últimos datos del Tribunal Constitucional constatan que los ejecutivos autonómicos impugnaron el año pasado nueve leyes aprobadas por las Cortes, mientras que la administración central recurrió siete normas de las comunidades. La Rioja y Aragón presentaron dos recursos cada una, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León formalizaron uno. El Gobierno central, a su vez, llevó al Tribunal Constitucional tres leyes de la Generalitat de Cataluña, y una de Euskadi, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Es significativo que casi todos los recursos planteados por las autonomías procedieron de comunidades gobernadas por el PP, con las excepciones aragonesa y castellano-manchega. Una situación que también se registró en el 2005, año en que los seis conflictos planteados procedieron de autonomías regidas por los populares. El Gobierno, sin embargo, no quiere dar relevancia a este dato y niega que la litigiosidad constitucional sea una nueva herramienta opositora del partido que lidera Mariano Rajoy. Es otra batalla El Ejecutivo, en todo caso, no quiere prestarse a esa «batalla» y recuerda que en el 2006 no recurrió ni una norma de territorios gobernados por el PP, y las siete que impugnó llevaban la rúbrica de parlamentos de comunidades gobernadas en solitario o en coalición por los socialistas, salvo la impugnación a una ley del País Vasco, que está regido por un tripartito nacionalista. Y aunque los conflictos constitucionales no cesan pese a la orden de Rodríguez Zapatero de evitarlos a toda costa, los números indican que las disputas han experimentado una regresión en relación a la anterior legislatura. El Tribunal Constitucional recibió entre el 2000 y 2004 hasta 217 recursos, 166 presentadas por las comunidades autónomas, que de forma sistemática denunciaron las leyes de carácter básico aprobadas por la mayoría absoluta del PP con el argumento de que invadían sus competencias. El Gobierno de Aznar tampoco se quedó quieto e impugnó 51 disposiciones legales de las autonomías.