Los estatutos hacen aflorar los pleitos

No es usual que un gobierno autonómico recurra ante al Tribunal Constitucional las normas de otra comunidad. Las últimas reforma de los estatutos, sin embargo, han cambiado los usos y costumbres, y se han presentado hasta ocho impugnaciones contra distintas modificaciones estatutarias. El Estatuto de la Comunidad Valenciana ha sido recurrido por los Gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha. En concreto, han impugnado el aparatado referido al derecho de los valencianos, recogido en el artículo 20, a beneficiarse de las aguas sobrantes de otras cuencas. Una clara alusión a las cuencas del Ebro y del Tajo a su paso por Aragón y Castilla-La Mancha. El más polémico ha resultado, el Estatuto de Cataluña, que, además de los recursos planteados por el PP y el Defensor del Pueblo, ha sido denunciado por los Gobiernos de Murcia, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja. Los recursos tocan, sobre todo, el apartado hídrico y la titularidad de los archivos históricos. El Estatuto de Andalucía también ha sido objeto de reparos. Extremadura ha presentado un recurso y la Comunidad Valenciana otro. La Junta extremeña impugnó varios artículos referidos a la administración de justicia. Sólo se han salvado de las quejas las de Baleares y de Aragón, cuyos articulados no han suscitado recursos de inconstitucionalidad de otros gobiernos autonómicos. La administración central, tiene impugnadas nueve disposiciones legales de Cataluña; ocho de Euskadi; seis de Andalucía; cinco de Canarias; cuatro de Extremadura, Castilla-La Mancha, tres de Castilla y León, Baleares, Navarra y Cantabria; dos de Aragón, Valenciana, y Asturias; una de Madrid y Murcia; y ninguna de Galicia y La Rioja.