Chilenos y mexicanos tienen trato preferente en plena crisis con Brasil

Los ciudadanos chilenos y mexicanos que desde febrero entran en España con visado de turista no deben demostrar que tienen medios económicos suficientes subsistir sin trabajar durante su estancia. Esta exigencia, básica para el control de la inmigración ilegal, ha sido suprimida por el Ejecutivo sin consulta previa a la Unión Europea y sin informar a Bruselas. El Gobierno sostiene que motivos de «interés nacional» hacen necesaria esta «discriminación positiva» sin precedentes en la política de extranjería. Sin embargo, al mismo tiempo, ha recrudecido las expulsiones de otros ciudadanos latinoamericanos, en particular brasileños. El pasado 12 de febrero los secretarios de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, de Inmigración, Consuelo Rumí, y de Seguridad, Antonio Camacho, estamparon sus firmas en una resolución conjunta en la que ordenan «que a los nacionales de México y Chile no se les exija de manera sistemática la acreditación de medios económicos para efectuar su entrada en España». Hasta ahora no había excepciones a este requisito para todos los extracomunitarios que entran en España, incluso para los nacionales de países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Japón. Todos tenían que probar que disponían de al menos 60 euros diarios -la décima parte del salario mínimo interprofesional- para su estancia, bien con cheques de viaje, cheques bancarios, cartas de pagos o tarjetas de crédito. Incluso se les podía exigir mostrar los extractos bancarios o las libretas de ahorro puestas al día. Presión migratoria En su escueta resolución, los tres altos cargos del Gobierno justifican el trato preferente a chilenos y mexicanos por el hecho de que la «presión migratoria» no es excesiva y, por tanto, «no es necesario mantener dicho control de forma sistemática». El Ejecutivo explica en el documento que se ampara en una nueva legislación aprobada en mayo de 2007: la orden presidencial 1.282. Este reglamento faculta al Gobierno a «actualizar la lista de países a cuyos ciudadanos no será necesario exigir sistemáticamente la acreditación de los recursos económicos» sin necesidad de la autorización de la UE, a pesar de que estos ciudadanos se moverán libremente por el espacio Schengen.