El agua pasa de correr a viajar con billete

En dos años, la tarifa del agua repercutirá los costes de traslado y almacenamiento. La Ley de Aguas se dejará sentir en las facturas lo mismo que en los cambios de usos y costumbres con los recursos hídricos. A partir del 1 de enero del 2010 se pagará el transporte, igual que los gastos de obtención o reserva. La tarifa resultará excepcional; pesarán los criterios de territorialidad y de rentabilidad para definir el precio con el que se gravará al consumidor, según prevén los gestores de los organismos que controlan los recursos hidráulicos. No se ve adecuado que un litro destinado a regar maíz se grave igual que otra unidad de medida destinado hortalizas o cualquier producto de invernadero. El agua llegará también con cuenta kilómetros; a más distancia del origen, mayor carestía. El bien, por escaso, contará con especiales medidas de protección. Las medioambientales se acentuarán. Y llegarán otras, en ese mismo horizonte del 2010, que sentirán profundamente en el tejido agrario que no haya pasado por el filtro de la modernización. Europa penaliza los gastos exagerados. Si va a finiquitar así los consumos medios de nueve mil metros cúbicos por hectárea para sacar adelante cultivos de regadío; para evitarlo se ha dado curso a un periodo transitorio con objetivo de adecuar las estructuras a una merma del consumo y se han dispuesto fondos públicos, algunos a cargo de las arcas europeas. La línea de regulación de demanda y oferta de agua da origen a una nueva figura administrativa que va a regular el mercado. Un banco público de agua para fijar criterios de su uso en territorio donde es necesaria y a los que llegará de otros en los que sobra. No se descuidará la persecución de usos ilegales de explotaciones de aguas subterráneas. Consumidores y gestores se preparan para abordar una nueva época en la que el despilfarro se aproxima a lo sacrílego.