Más control para evitar la tortura

El Tribunal Constitucional reclamó ayer a los jueces españoles que extremen su diligencia a la ahora de investigar las denuncias de torturas y, de forma especial, los casos en los que existe una «sospecha razonable» y se aprecian medios de prueba para comprobarla. El tribunal, a través de una sentencia, recuerda a los magistrados que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina reciente del propio Constitucional exigen que se empleen a fondo en la indagación de estos delitos, dada la «escasez de pruebas» que los caracteriza y la habitual dificultad de las víctimas para poder aportarlas. La corte, en un fallo del que fue ponente Pablo Pérez Tremps, les aconseja que, antes de archivar la denuncia, tengan en consideración «las circunstancias concretas de cada caso» y practiquen «de forma efectiva» todas las medidas posibles de investigación a su alcance. El Sección Primera da este toque de atención a los jueces en la sentencia en la que aprecia que el Juzgado de Instrucción 14 de Madrid violó el derecho a la tutela judicial efectiva del etarra Alberto Viedma cuando en 2004 archivó su denuncia por torturas pese a que «persistían sospechas razonables de que el delito se había cometido y medios aún disponibles para despejarlas». El tribunal, por cinco votos contra uno, estima el recurso de amparo de Viedma porque la investigación no fue «eficaz» y su titular cometió el «error» de archivar la causa, «por falta de credibilidad», sin practicar las diligencias «relevantes» que le propuso el propio denunciante. Ante la violación de derechos, la sala anula el archivo y ordena practicar todas las pruebas para esclarecer los hechos. El único voto en contra fue del magistrado conservador Jorge Rodríguez Zapata, que respalda el archivo. El Constitucional indica que el instructor debería al menos, haber analizado las declaraciones del denunciante, e interrogado a los médicos que le atendieron en el hospital de Pamplona tras ser arrestado y a los forenses que le asistieron durante su detención. Considera que también hubiese sido «de utilidad» haber hablado con el abogado de oficio que le atendió en las instalaciones policiales, «que percibió su situación física y pudo ser destinatario de alguna afirmación relevante de su cliente acerca del trato recibido.