Bermejo cree «normal» que una sentencia tarde años en ejecutarse

Mariano Fernández Bermejo se niega a admitir que la justicia española esté sumida en un «caos intolerable». El ministro de Justicia admitió ayer que los datos sobre sentencias pendientes de ejecución, publicados por el Consejo General del Poder Judicial esta misma semana, son llamativos. Aceptó incluso que ponen de manifiesto un «problema endémico de lentitud» en la administración de la que él es responsable. «Pero de no estar bien a dar la impresión de colapso hay un camino que no debe ser recorrido porque no se corresponde con la realidad», alegó. La justicia española tiene pendientes de ejecutar más de un millón de sentencias y acumula más de 400.000 fallos sin resolver en el orden penal. Bermejo se escudó, sin embargo, en la matización sugerida por el vocal del sector progresista Javier Martínez Lázaro: «pendiente de ejecución» no es sinónimo de «sin ejecutar». «Hay parálisis cuando alguien que tiene que entrar en prisión no entra, como fue el caso de Sevilla», adujo en referencia al asesinato de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. «En los demás casos, se está hablando de una sentencia que estará viva hasta que, por ejemplo, no se cumpla la pena de prisión correspondiente». «No es en absoluto anómalo que una sentencia tarde años en ejecutarse», expuso. El ministro se aferró así a la posibilidad de que muchas de las sentencias calificadas en el informe del CGPJ como «pendientes de ejecución» estén en realidad en «ejecutoria abierta». Pero esa posibilidad no se concretó en cifra alguna. Es más, explicó que tanto él como el órgano de gobierno de los jueces desconocen cuántos fallos están congelados; o dicho de otro modo, admitió que no hay modo de saber hasta dónde llega la impunidad del sistema español, cuántos ciudadanos condenados mediante sentencia firme campan a sus anchas por las calles y cuántas víctimas siguen sin recibir la reparación o compensación que la justicia les reconoció. Con todo, Bermejo insistió en que lo correcto sería hablar exclusivamente de «retraso» o lentitud. «No hay colapso, no hay caos», reiteró. La prueba es, a su juicio, que entre los años 2005, cuando el Consejo hizo sonar por primera vez la voz de alarma, y 2007 el número de ejecuciones acabadas superó «con creces» al de sentencias entrantes. Según sus cálculos, en 2006 se sacaron 71.000 fallos de la «bolsa de retraso» y 77.000 en el año 2007. «Tenemos un problema -reconoció- pero hay una enorme voluntad para resolverlo». Lo que hay que determinar es cómo. El CGPJ cree que faltan jueces y secretarios judiciales, que son necesarios más funcionarios mejor preparados y que es preciso un sistema informático específico. Bermejo comparte el diagnóstico, pero sólo en parte. «No es tanto un problema de cambio de leyes o de más gente, sino de cambio de estructura y de una mejor gestión», señaló. Su mayor esperanza está puesta en el lanzamiento de un programa informático llamado Minerva NOJ que permitirá acceder desde cualquier órgano judicial al registro de penados y rebeldes para comprobar si existen medidas cautelares, requisitorias o sentencias no firmes en otro juzgado. «No es un problema de cambio de leyes o de más gente, sino de lograr una mejor gestión»» MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO Ministro de Justicia