Aragón recurre al Constitucional la venta de derechos de agua del Ebro

El Ejecutivo aragonés ha decidido requerir oficialmente al Gobierno central la inmediata derogación del decreto que permite abastecer de agua del Ebro a Barcelona desde Tarragona, al considerar que se ha superado, con las últimas lluvias, la situación de emergencia por falta de recursos hídricos. Asimismo ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 del citado decreto-ley, por entender que permite la venta de derechos de agua del Ebro. En una comparecencia ante la prensa al término del Consejo, el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, informó de que también se requerirá a la Generalitat de Cataluña que reconozca formalmente que se han superado las circunstancias de excepcionalidad y le insta a que se abstenga de realizar «cualesquiera actuaciones amparadas en el citado real decreto al no existir cobertura legal de las mismas». Si ni el Gobierno de la Nación ni el de la Generalitat atienden estos requerimientos, en un «plazo razonable» de tiempo, que Biel no concretó, el Ejecutivo aragonés tiene decidido acudir a los tribunales ordinarios para pedir que un juez ordene la aplicación de la disposición final tercera del decreto-ley. En esta disposición se establece que el decreto tendrá vigencia hasta la superación de las circunstancias de extraordinaria necesidad que motivaron la aprobación del decreto. Fuentes de la Presidencia del Gobierno aragonés apuntaron que el plazo legal para dar respuesta a un requerimiento es de treinta días, aunque ello no quita para que se pueda decidir intervenir antes si se produce una «hipótesis» contraria a los intereses de Aragón, como que comenzaran las obras de la tubería. Cuando la Generalitat estableció la situación de emergencia, a finales de marzo, el agua embalsada en el sistema Ter-Llobregat rondaba los 122 hectómetros cúbicos y ahora se ha superado la llamada Situación de Emergencia II, con 180 hectómetros cúbicos, es decir 60 más que cuando se declaró la emergencia, y con previsiones de ascenso, recordaron las fuentes. Si Aragón finalmente recurre a los tribunales para pedir la derogación del decreto, solicitará además automáticamente al juez la aplicación de medidas cautelares para que se suspenda la ejecución de las obras de la tubería para evitar una «tomadura de pelo», según dijo Biel.